GUATEMALA.- En medio del mayor escándalo político vivido en Guatemala desde que se instauró la democracia en el país en 1985, la vicepresidenta Roxana Baldetti, salpicada por varios casos de corrupción, renunció el viernes a su cargo, una decisión que sienta un precedente histórico en la nación.
La renuncia de Baldetti fue comunicada a los periodistas por el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, a través de una breve conferencia de prensa celebrada en la Casa Presidencial y en la que apenas concedió tres meras preguntas a los informadores para dar explicaciones por un caso que tiene conmocionada a la sociedad.
La deserción de Baldetti, periodista, política y maestra, surge durante la semana más trágica para la vicepresidenta desde que asumió la segunda magistratura del país en el año 2011.
En apenas tres días Baldetti vio cómo la poderosa cúpula empresarial del país exigía su cabeza debido al escándalo de corrupción destapado el pasado 16 de abril por un organismo de las Naciones Unidas y en el que están involucrados funcionarios de alto nivel cercanos al Gobierno.
A juicio del presidente del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jorge Briz, esta abdicación gubernamental era necesaria para fortalecer «la democracia y preservar la institucionalidad» del país, ya que sus ciudadanos están hartos de una tesitura corruptiva de la que nadie se responsabiliza.
El miércoles, cuando uno de los entes que tiene la batuta de la supremacía en Guatemala se posicionaba en contra del Gobierno, la Corte Suprema de Justicia acordó dar trámite a una denuncia de corrupción en contra de Baldetti, por lo que era el turno del Congreso, que debía evaluar si le retiraba la inmunidad para investigarla.
Baldetti estaba entonces acorralada entre la espada y la pared, con varios sectores de la sociedad en contra y ahogándose poco a poco en un mar turbio copado de acusaciones en contra de su persona.
Era hora de que la vicepresidenta jugase su última carta para evitar un juicio que estaba cantado.
A través de su abogado Mario René Cano, la vicepresidenta presentó el jueves un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica en Guatemala, para revertir, así, el fallo del Supremo e impedir que le retiraran la inmunidad para no quedar desnuda y sin protección ante la Justicia.
El Congreso decidió mantenerse al margen de estos «correveidiles» y continuó con el proceso, conformando una comisión integrada por cinco diputados para evaluar si existían indicios suficientes para proceder al antejuicio.
El poder sobrenatural, inevitable e ineludible del destino parecía jugar en contra de la vicepresidenta.
El presidente de ese órgano que decidiría sobre su futuro, elegido al azar, era el diputado opositor Salvador Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Lider), hermano del empresario Manuel Baldizón, candidato opositor a la Presidencia para los comicios generales que se celebrarán el próximo 6 de septiembre.