Pese a que los decretos presidenciales 618-12 y 619-12 declararon emergencia nacional por el paso de la tormenta Sandy en 2012, las provincias San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Bahoruco, San Juan de la Maguana, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santo Domingo, Monte Plata y el Distrito Nacional, el exdirector del Inapa cedió obras en otras demarcaciones del país al amparo de esos decretos. Así lo destaca Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en la solicitud de auto apertura a juicio e imposición de prisión preventiva contra Alberto Holguín Cruz, extitular del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y Sobeida Perdomo Ogando.
Señala concesiones para realizar trabajos en el acueducto de Azlor-Estanzuela de San Francisco de Macorís, el Alcantarillado Sanitario de San Francisco de Macorís, Extensión Urbanización Los Maestros III y IV Etapa, provincia Duarte, así como la línea de conducción y red de distribución de Yerba Buena como extensión del acueducto de Hato Mayor.
De igual modo, la terminación del acueducto La Gina Miches, provincia El Seibo, construcción de línea de desagüe de la planta potabilizadora del acueducto de Bonao, provincia Monseñor Nouel, sustitución de tuberías en campo de pozos, del #1 al #8, del sistema Alejandro Bass, sustitución de tuberías ø 20” Lock Joint por tubería ø20” hierro dúctil en carretera San Pedro de Macorís-Hato Mayor, en la provincia del mismo nombre.
Además, las redes de distribución de la zona Alta y zona Baja del acueducto múltiple de Zambrana, provincia Sánchez Ramírez, la construcción línea doble terna, una del Circuito 24 Horas para la planta de tratamiento y otra para la comunidad; el Acueducto Múltiple de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Guerrero Pelletier indica que todos estos contratos, arrojaron una erogación económica por la suma de trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos un pesos con 42/100 (RD$ 334, 471,901.42).
Se le acusa de abusar de su función para favorecer personas jurídicas y físicas relacionadas a él, como fueron los contratos otorgados a amigos, allegados y socios de sus empresas privadas, entre ellas, Dicocisa, S. A., Cubierta Dominicana, C.xA.
También Corporación de Hormigones y Asfalto, S. A., Servicio Técnico de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, S. A. (STIAA) y la Fundación de Salud Preventiva y Cultura para la Comunidad (Funcultura), de las cuales es socio el imputado.
