El procurador general, Francisco Domínguez Brito, opinó hoy que “la justicia de los jueces, fiscales y policías necesariamente no es justicia, lo que ellos hacen para respetar la dignidad necesariamente no es real”.
“La impunidad legal no puede convertirse en impunidad moral, trabajemos por una verdadera justicia, el respeto a la dignidad y el rechazo a la impunidad”, agregó.
Domínguez Brito trasladó esta idea al pronunciar la conferencia “Justicia y Dignidad” en el marco del Congreso “Laicas y Laicos Católicos en la Vida Pública”, organizado por la Universidad Católica Santo Domingo.
A su vez, dijo que el juez o fiscal que no respeta su propia dignidad al momento de tomar decisiones al margen de esos valores cae en lo más bajo de la miseria humana y pierde lo más grande que le pueda dar Dios a un ser humano, que es la dignidad, y con ella, la libertad.
“El que se compra o se vende es simplemente una cosa, pues ha abandonado la esencia del ser y dignidad”, manifestó.
Domínguez Brito desarrolló su idea sobre lo que sería un mecanismo que facilite la autorregulación de la ciudadanía de cara a construir una sociedad justa y respetuosa de la dignidad de los ciudadanos, sobre todo a través de la traducción del lenguaje que emana de la moral a un lenguaje públicamente accesible por todos.
Aseguró, a su vez, que uno de los aportes más significativos hechos por la ilustración ha sido la fundamental trascendencia que dio al individuo, sobre todo a través del reconocimiento de derechos que deben ser protegidos a todas las personas.
Posteriormente, agregó, que estos derechos quedarían garantizados a través de garantías jurisdiccionales dispuestas para ello.
En definitiva, explicó, la idea del derecho y de los derechos se ha presentado desde hace bastante tiempo en estrecha vinculación con la jurisdicción y en consecuencia la decisión es humana con todas sus virtudes y todas sus miserias.
“Sin embargo, y aquí enfocamos nuestra crítica, dicha vinculación ha llevado a entender que solo es justo lo que proviene de una decisión jurisdiccional, o que solo a través de esa decisión jurisdiccional se puede definir lo que es dignidad. Asistimos, sin dudas, a una judicialización de la justicia. A reducir este concepto y valor a una decisión institucional, que la mayoría de las veces viene fundamentada, sobre todo, en un simple argumento de autoridad”, expresó.
Al mismo tiempo señaló “que un caso de corrupción y de desfalco contra un pueblo cargado de necesidades, sea rechazado su enjuiciamiento ante los tribunales por una autoridad judicial, no significa que esa decisión sea justa y mucho menos que esos propios actores hayan respetado su propia dignidad y mucho menos la de los demás. La impunidad legal no puede convertirse en impunidad moral”.
Domínguez Brito declaró que lo que quiere advertir con esta crítica no es la no es la necesidad de abolir o restar importancia a los mecanismos institucionales destinados a resolver conflictos jurídicos, a los mecanismos institucionales supuestamente destinados a administrar justicia y asegurar la dignidad de las personas ante vulneraciones a la misma, sino plantear la posibilidad de asumir un carácter residual, un carácter subsidiario de los mismos.
“Así como podría considerarse que la máxima expresión de la salud es la ausencia de enfermedad, así entiendo que la máxima expresión de justicia y dignidad es la ausencia de injusticia e indignidad”, dijo.
