SANTO DOMINGO. La pérdida de un expediente que involucra al español Ricardo Conde Diez, quien acaba de ser condenado en su país a siete años de prisión por narcotráfico, marca una incidentada acusación en Higüey en contra de cinco presuntos integrantes de una red que encabeza el imputado, frente a la cual se han inhibido tres jueces, y tiene en su haber una retractación de la extinción de la acción penal.
La narración la hace en una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia, el director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, quien solicita una investigación sobre el particular.
El expediente del español, quien huyó del país tras serle incautados 20 bienes inmuebles, como solares, lujosas villas, plazas comerciales, residenciales, apartamentos y un avión, tiene un proceso abierto por lavado.
El Ministerio Público explica que la jueza apoderada del proceso, Vanessa Contreras, tuvo que fijar para el 7 de mayo la continuación de la audiencia, “por motivo de que se perdió el expediente”.
Plantea que la magistrada declaró que iba a proceder a hacer un informe sobre el caso.
Los 20 bienes inmuebles incautados al fugitivo están en la zona turística de Uvero Alto, ubicadas en el municipio Higüey, en los cuales hay lujosas edificaciones.
Miranda Villalona destacó que sobre esas importantes incautaciones, el Ministerio Público está solicitando un decomiso a favor del Estado dominicano, por lo que debe ser investigado el caso.
Planteó que recibió una solicitud de cooperación judicial de las autoridades penales del Reino de España, en el 2009, y producto de la misma resultaron afectados inmuebles en la República Dominicana, como parte de la acusación de lavado de activos del conocido como Rubén Santos Ortega, de nacionalidad venezolana.
Destaca que posteriormente, fue identificado como Ricardo Diez Conde, ciudadano español.
Indica que todas las actuaciones referentes al imputado, así como también a otros relacionados con el entramado societario de compañías constituidas en Panamá y en islas Vírgenes Británicas, fueron remitidas a dichas autoridades.
