Gustavo Adolfo Guilamo Hirujo, quien ocupó el cargo de coordinador de un comité interno señalado como “no autorizado” dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), se ha convertido en una figura clave para el avance de la investigación que desarrolla el Ministerio Público sobre el presunto entramado de corrupción en esa entidad.
De acuerdo con la acusación presentada por la Procuraduría, dicho comité habría sido conformado por el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, con el fin de beneficiar de manera discrecional a prestadores y empresas vinculadas a intereses políticos, personales y económicos del exfuncionario. La estructura operaba al margen de los procedimientos institucionales y habría facilitado contrataciones irregulares y pagos sin sustento técnico.
La investigación señala que este grupo interno favorecía a proveedores específicos mediante habilitaciones aceleradas, ampliaciones de servicios y adjudicaciones que no cumplían los requisitos establecidos. La denuncia pública del caso tomó fuerza tras la difusión de una investigación periodística que reveló presuntas anomalías en contratos y servicios facturados sin evidencia de ejecución.
Integrantes del comité investigado
Además de Guilamo, el comité estaba integrado por:
- Francisco Iván Minaya, gerente de Salud
- Roberto Canaán, gerente de Atención al Usuario
- Germán Robles, consultor jurídico
- Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación
El Ministerio Público sostiene que estas personas ocupaban posiciones estratégicas y actuaban bajo la línea del entonces director ejecutivo.
En la relación de pruebas testimoniales anexadas a la solicitud de coerción, el nombre de Gustavo Guilamo figura como el primer testigo, lo que evidencia su relevancia en la construcción del expediente y en la identificación de los mecanismos utilizados por la supuesta red.
Situación procesal del caso
El expediente involucra, además de Hazim Albainy, a:
Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja y pidió 18 meses de prisión preventiva para los imputados.
Según informó el fiscal Héctor García, la estructura habría generado un perjuicio estimado en más de 15 mil millones de pesos, mediante pagos sin respaldo, sobornos y contrataciones irregulares que afectaron los fondos destinados a la cobertura de salud de los afiliados.
