WASHINGTON, El sistema de vigilancia de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) enfrenta uno de sus peores momentos, sometido a cuestionamientos de varios países por su presunta parcialidad y traspaso de atribuciones.
Las críticas han llovido sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, con sede en Washington, encargado de procesar denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos contra los Estados.
Pero más recientemente la que ha sido objeto de actos de rebeldía ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre 20 de los 35 países que integran la OEA.
República Dominicana desconoció a inicios de mes la competencia de ese tribunal, con sede en San José, que la había condenado en octubre por las expulsiones sumarias de inmigrantes haitianos.
Guatemala también cuestionó la competencia de la Corte en varios casos en su contra durante las audiencias de la CIDH en octubre, una semana de sesiones a las que concurrieron Estados y organizaciones de la sociedad civil. Ecuador no asistió por tercera vez consecutiva en rechazo a las atribuciones de la Comisión.
Para Santiago Cantón, experto del Centro RFK de Justicia y Derechos Humanos en Washington, “la situación es indudablemente delicada”, y marca una grieta en el consenso que existió sobre el rol de las instituciones internacionales de derechos humanos en una región con dictaduras, matanzas y desaparecidos.
