Durante su intervención ante el tribunal, Hoepelman denunció que su defendida —una servidora pública de carrera con más de dos décadas de servicio— fue injustamente incluida en el expediente.
“El Ministerio Público imputó a quien dijo la verdad y perdonó a quienes admitieron supuestas irregularidades por miles de millones de pesos”, expresó el jurista.
El abogado recordó que García Medina, quien se desempeñó como exdirectora del Departamento de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, fue arrestada a su regreso al país tras haber sido inicialmente tratada como testigo.
“Le solicitaron que afirmara hechos que no había visto ni vivido; su negativa a mentir para acomodar la versión del Ministerio Público la trajo hoy a este tribunal”, señaló Hoepelman, calificando la situación como una “grosera violación de derechos fundamentales”.
Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público mantenga en libertad a personas que han admitido responsabilidades directas en las presuntas operaciones irregulares, mientras persigue a funcionarios inocentes que actuaron conforme a la ley.
“Es un patrón que se repite en este proceso: los verdaderos culpables fueron premiados y los servidores públicos honestos, castigados”, subrayó.
La intervención de Hoepelman se suma a las críticas expresadas por otros miembros de las defensas, quienes han denunciado la falta de objetividad, manipulación de pruebas y parcialidad del órgano persecutor. En conjunto, las declaraciones refuerzan la tesis de que el expediente del caso Calamar carece de fundamento jurídico sólido y estaría sustentado en un manejo selectivo de responsabilidades, afectando a quienes actuaron con transparencia en el ejercicio de sus funciones.