SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina aún tiene un largo camino por recorrer antes de finalizar su mandato, el cual el pasado 16 de agosto arribó a su tercer año, quedando pendiente el espinoso tema de la situación energética, un problema que ha encontrado un nuevo desafío: la construcción de las plantas de carbón, una iniciativa que no ha estado libre de controversias.
Elpidio Báez, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), explica que el gobierno tiene pendiente – junto a temas como la seguridad ciudadana y la modernización de la Policía Nacional – dar respuesta al problema eléctrico a través de la modificación de la matriz de generación y expansión de la transmisión, reduciendo las pérdidas y mejorando la eficiencia en la gestión, puntos incluidos en la estrategia Integral y Pacto del Sector Eléctrico Nacional, estrategia gubernamental unida a la concretización del proyecto de construcción de las dos generadoras de Punta Catalina.
El proyecto– dos generadoras de carbón con capacidad de producción de 360 megavatios cada una – ha sido objeto de diversas críticas por parte de la oposición, en especial por la sobrevaluación de las plantas, las cuales supuestamente ascienden a unos mil millones de dólares.
Detrás de la edificación de las plantas se encuentra la empresa multinacional Odebrecht, misma que recientemente ha estado envuelta en un escándalo que involucra a sus principales funcionarios, acusados de sobornar a autoridades públicas para obtener contratos, bajo sospecha de haber procedido de forma similar en países extranjeros, corriendo República Dominicana con la posibilidad de ser uno de ellos.
“Todo el proceso de licitación, contratación, de préstamo y construcción ha sido transparente”, asevera el legislador, quien señala que el gobierno dominicano es ajeno al hecho de que una empresa o funcionarios de esas empresas estén involucrados en procesos de investigación en sus países de origen, sosteniendo en todo momento que República Dominicana ha agotado todo el proceso institucional y legal para la contratación de las plantas.
“Entiendo que la oposición ha querido de alguna manera embarrar el nombre de la República Dominicana y del gobierno con acusaciones de las cuales no tiene pruebas”, indica, a la vez de emplazar a quienes hablan de irregularidades, presentar las pruebas de las acciones ilícitas relacionadas a las plantas de carbón.