El ministro de Economía, Temístocles Montás, sostuvo que en República Dominicana hay un grave problema de informalidad en el sector productivo, lo que se traduce en que un sector grande no paga impuestos y el resto está muy cargado, dejando al gobierno con menos ingresos de los que necesita para atender las demandas de la sociedad.
Montás dijo que ante esa realidad, el gobierno del presidente Danilo Medina se aferró a la racionalidad del gasto público para disminuir los déficit arrastrados desde 2008 y bajar el endeudamiento público que ha llegado a niveles peligrosos.
“El gran desafío que tenemos en la República Dominicana es cómo abordar el problema de la informalidad productiva. El gobierno está empeñado en apoyar a la Micro, Mediana y Pequeñas empresas para que se formalicen y se hagan productivas”, expresó Montás al ser entrevistado por Homero Figueroa y Lorena Pierre en el matutino televisivo “AN7 al Amanecer”, por Antena Latina.
Agregó que el Estado hace un gran esfuerzo para lograr que lo que hoy es informal, se transforme en formal y la totalidad de la gente que produce riquezas pague impuestos para financiar el desarrollo sobre la base de una sólida inversión en infraestructura y servicios.
“Cuando se habla de la pobreza y la desigualdad a veces se pierde de vista que eso tiene que ver con la dualidad de sectores productivos, pues por una parte hay un gran sector informal escasamente productivo y que no paga impuestos, y luego está el formal que sí los paga”, expresó el Ministro, tras agregar que esa dualidad explica la existencia de los bajos salarios, de acuerdo a una nota del MEPyD.
En el caso del Estado, Montás recordó que “casi el 90 por ciento de la nómina pública está por debajo de 33,000 pesos mensuales y esos están exentos del pago de impuesto”, al igual que en el sector privado, lo que limita seriamente la capacidad recaudatoria del gobierno para atender las demandas crecientes de obras y servicios.
Dijo que el Estado tiene demandas equivalentes al 24% del Producto Interno Bruto (PIB), pero solo recibe ingresos equivalentes al 14% del PIB, por lo que ante esa situación el gobierno se aferra a la racionalidad del gasto público para reducir déficits y rebajar el endeudamiento.