El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha presentado una demanda contra la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por lo que considera exceso de poder en relación a la inmunidad de los médicos en la primera línea de lucha contra la COVID-19, informó este domingo una fuente ligada al partido.
La demanda, presentada anoche ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan y encabezada por Juan Dalmau -secretario general del PIP- y el representante del PIP, Dennis Marquez, se refiere a la reciente orden firmada esta semana por la gobernadora de la isla.
El miércoles, la gobernadora de Puerto Rico firmó una orden ejecutiva mediante la cual se concede la inmunidad civil a médicos, instalaciones médicas y centros clínicos privados por presunta negligencia médica que tenga que ver con la atención del nuevo coronavirus en la isla.
Ello significara que la población no podrá tener la posibilidad de demandar a dichos grupos médicos por presuntas negligencias en relación al nuevo coronavirus.
En la orden la gobernadora recordaba que 19 estados de Estados Unidos ya han tomado dicha determinación.
El nuevo coronavirus ha causado 84 muertos en la isla y 1.371 casos positivos.
LA MEDIDA NO PROTEGE A LOS PACIENTES
La demanda señala que la medida no va dirigida a proteger pacientes.
“Va dirigida a quitarle derechos a personas cuyo tratamiento médico sea negligente”, señala el texto de la demanda contra la mandataria.
Dalmau y Marquez solicitan al tribunal que ordene a la demandada “cesar y desistir de todo y cualquier esfuerzo orientado a producir la observancia y ejecución de los contenidos normativos de la orden”.
Añaden que le “quita derechos al pueblo” y, además, lo hace “violentando la separación de poderes de la Constitución, ya que está legislando por decreto”.
“Legislar y quitar derechos por decretos emitidos desde una torre de marfil en La Fortaleza (sede del Ejecutivo) es antidemocrático y dictatorial. Si quieren aprobar ese regalo a las aseguradoras y hospitales privados, que lo lleven a la legislatura y que, en el pase de lista de la votación, quede claro donde está parado cada uno”, agrega el texto.
GOBERNADORA HA VIOLADO LA SEPARACIÓN DE PODERES
Además considera que la gobernadora ha violado la doctrina de separación de poderes que deriva de la Constitución de Puerto Rico al aprobar la medida citada.
La misma, agregan, tiene como “efecto trastocar el Estado de derecho en términos de la prerrogativa que ostenta toda persona de poder presentar una reclamación de daños y perjuicios, según establecido por la Asamblea Legislativa”.
La demanda, a su vez, pide al tribunal que se reconozca que la gobernadora “configuró una actuación ejecutiva que excede los poderes constitucionales delegados a la rama ejecutiva”.
“En el caso de que esta orden ejecutiva continúe en vigor, las funciones expresamente delegadas en la Constitución a los demandantes se verán coartadas por una extralimitación de la gobernadora en las funciones que la Constitución y las leyes le conceden”, señala además el texto de la demanda.
Diez de las últimas 18 leyes firmadas por la gobernadora están dirigidas a atender la pandemia por COVID-19 en la isla.
