La presidenta del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó ayer continuar la licitación pública internacional para la construcción de dos plantas de electricidad a carbón en Punta Catalina, de Baní, que ha generado opiniones en contra y a favor del proyecto.
La magistrada Delfina de León Salazar tomó la decisión tras revocar una medida cautelar que había adoptado ese tribunal el 13 de agosto pasado, conforme planteó la empresa china Gezhouba Group Company Limited, donde intervino voluntariamente el Consorcio Impe.
Con esta decisión, el tribunal acogió una petición del Comité de Licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la empresa Odebrecht Tecnimont, esta última ganadora de la licitación.
“Este tribunal, en cuanto al fondo, acoge la solicitud de levantamiento de medida cautelar otorgada mediante la sentencia número 55-2014, de fecha 13 de agosto del 2014, en la cual ordenó la suspensión del proceso de licitación pública”, expone el tribunal en su fallo.
Asimismo, ordenó la notificación de la presente sentencia por secretaría a las partes envueltas en el proceso, y al Procurador General Administrativo para los fines correspondientes y que la misma sea publicada en el Boletín Judicial.
Al pronunciar el levantamiento de la medida cautelar, la magistrada De León Salazar argumentó que los motivos por los cuales fue emitida la suspensión de la licitación variaron conforme a documentaciones aportadas por la CDEEE y la empresa Odebrecht, que buscaban dejar sin efecto la medida.
Señala la sentencia, en uno de sus considerandos, que al momento de valorar quién sería el adjudicatario de la licitación pública internacional de que trata, no podía ser tomada en cuenta Gezhouba Group Company Limited, pues se encontraba descalificada conforme a los criterios de la Comisión de Licitación de la CDEEE, por lo que en apariencia resulta improbable que estos resultasen adjudicatarios si el proyecto presentado por estos no satisface la exigencia de la antedicha comisión.
Se expone en la sentencia que la aparente vulneración a los intereses públicos en juego que pudo advertir en su momento ese tribunal en virtud de las inconsistencias en el referido procedimiento, a la fecha, atendiendo a la situación de hecho acaecido en el presente caso, quedaron reveladas tales variaciones.
