Resulta imperativo que el Gobierno reconsidere y revalúe su negativa a asignar recursos necesarios para la implementación del nivel de atención primaria de acuerdo con los términos presentados por la SISALRIL, afirmó la Fundación, Progreso, Salud y Seguridad Social.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la entidad considera fundamental atender al planteamiento hecho por la SISALRIL, en vista de que está dirigido a impactar positivamente en la vida de los ciudadanos y a la mejora del sistema.
En ese sentido, indica que toma mayor fuerza el reclamo de la aplicación del primer nivel de atención, el cual vendría a solucionar una gran parte de los requerimientos de salud de la población, en especial la más necesitada.
Al comentar los resultados de la última encuesta de la firma Gallup sobre los niveles de satisfacción de los afiliados al régimen contributivo del sistema nacional de salud, que mostró que el 90.7 de los encuestados está satisfecho con los servicios recibidos por sus administradoras de riesgos de salud, la Fundación indica que el 76.5% de los pacientes acudió a consultas médicas, de las cuales el 77.8% fueron consultas directas al especialista sin referimiento previo.
“Un elemento destacable es el copago por los servicios recibidos, toda vez que el 48% declaró que había tenido que pagar diferencias superiores a RD800.00, lo que resulta significativo, si tomamos en consideración que el 77.45% de los trabajadores afiliados al régimen subsidiado reciben salarios inferiores a RD$25,000, lo que indudablemente obliga a que se tomen medidas que alivien este importante gasto”, precisa.
Agrega que estos resultados vienen a contestar a las voces populistas que plantean la eliminación del sistema implementado a raíz de la promulgación de la ley 87-01, sobre todo tomando en consideración que el régimen contributivo presenta mejores resultados en la atención de las personas.
La entidad dice que hace esta afirmación tomando como referencia dos índices que tienden a definir el cumplimiento de las premisas básicas esperadas en un sistema de salud, como son el índice de mortalidad infantil y la mortalidad materno-infantil.
A seguidas añade que este índice presenta un resultado de 8 muertes por cada 1,000 niños nacidos vivos y de 41 decesos de madres por cada 100,000 parturientas, muy superiores a los 22 decesos de niños y de 90 madres que se verifican en el conjunto del sistema.
En consecuencia, aboga para que el sistema se encamina “hacia la implementación de las mejores del plan contributivo a la universalidad de los ciudadanos para así garantizar un verdadero sistema de calidad”.
