Advierten coaccion a empleados públicos, designación de funcionarios públicos y uso de vehículos tienen que cesar de inmediato
Santo Domingo. El Comité de Defensa de la Democracia, anuncia que presentará denuncias formales ante la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), exigió el cese inmediato del uso de los recursos del Estado en las campañas políticas, sin distinciones.
Manuel Soto Lara, a nombre de la entidad conformada por organizaciones politicas y personalidades de la sociedad civil, sin fines partidistas ni preferencias electorale, sostuvo que es inaceptable el uso de recursos públicos en actos de campaña.
“En las redes sociales están disponibles vídeos en los que se observa militares retirar las identificaciones de vehículos del Estado, supuestamente para integrarlos a la campaña electoral”, afirmó el jurista.
Asimismo, prosiguió, hay documentos de peticiones realizadas por funcionarios electos, llamando a la «participación voluntaria»de los servidores públicos en actos de campaña.
Soto Lara dice que se trata de actos propios de un régimen con vocación tiránica –afirmó–, que ven como normal coaccionar a los demás, exigir un respeto que no se predica con el ejemplo y castigar a diestra y siniestra, despidiendo del tren gubernamental a quienes no se acojan a sus propósitos.
La democracia no puede funcionar como una vendetta permanente, explico el licenciado Manuel Soto Lara. “No vamos a aceptar de ninguna manera que el gobierno continúe metiendo la cuchara en el presupuesto nacional para torcer voluntades y propiciar el triunfo de los candidatos que el prefiera”.
Asimismo, anunciaron la designación de equipos de seguimiento a las campañas políticas para denunciar formalmente la utilización de recursos del Estado en campañas políticas, lo que está total, absoluta y terminantemente prohibido por la ley.
Durante el acto, al que asistieron decenas de representantes de sectores sociales, el Comité de Defensa de la Democracia por la Igualdad y el Respeto a la Ley presentó la denuncia formal a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, sobre las violaciones legales cometidas hasta el momento por partidos políticos.
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