La decisión, aparecida en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que aparecerá este martes en el Registro Federal, establece nuevas directrices para las deportaciones aceleradas, que en algunos casos no tendrán la mediación de un juez.
El nuevo apretón de tuerca en la política migratoria se produce mientras se mantiene activa la amenaza de las temidas redadas masivas, vigentes desde el pasado 14 de julio y dirigidas a unos 2.000 inmigrantes con órdenes de deportación que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.
La nueva norma apunta a aquellos extranjeros que están en EE.UU. «sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un agente de inmigración en un puerto de entrada», proceso que se aplica para los solicitantes de asilo.
También se dirige contra quienes no llegaron por mar o hayan entrado por aire por un puerto a más de 150 kilómetros de las fronteras. En estos casos, los afectados no deben haber estado físicamente en el país en los dos años previos a que se determine su inadmisibilidad.
Otros afectados serán quienes han permanecido en el país continuamente durante al menos 14 días, pero menos de dos años.
Según la norma, cualquier extranjero que sea colocado en un proceso de deportación «acelerada» y que manifieste su intención de solicitar asilo o que exprese temor a ser perseguido o torturado de regresar a su país, «será entrevistado por un oficial de asilo» que determinará su tiene «un temor creíble».
«Si el oficial de asilo determina que el extranjero ha establecido un temor creíble; el extranjero será remitido a un juez de inmigración para que siga considerando su solicitud de asilo en los procedimientos», reza en el documento, publicado por medios locales.
En respuesta a la medida, la directora ejecutiva del American Immigration Council, Beth Werlin, consideró que con la ampliación de la deportación acelerada se socava el principio fundamental de «imparcialidad» y se obliga a las personas, incluido cualquier ciudadano estadounidense, a demostrar que no debe ser deportado.
También Human Rights Watch advirtió que este plan de acelerar las deportaciones pasando por alto los tribunales de inmigración puede resultar «en un daño grave para los migrantes y sus familias».
El pasado 15 de julio, el Gobierno de Trump anunció, mediante una medida presentada por el Departamento de Justicia y el DHS, que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un «tercer país seguro».
Tres días antes el propio Trump había confirmado que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) comenzaría sus redadas, con las que -anticipó- esperan «sacar de aquí a miles» de indocumentados.
La Administración Trump presionó en junio pasado a la firma de un acuerdo migratorio con México que frenó su amenaza de imponer aranceles a los productos de ese país.
Y en marzo pasado ordenó suspender todo tipo de asistencia a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) por permitir la formación de caravanas de inmigrantes con rumbo a EE.UU.
