El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo este viernes que la ausencia del Estado dominicano en una audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no constituye una afrenta como señaló el organismo, sino un acatamiento por parte del gobierno a una decisión del Tribunal Constitucional.
“La no presentación del Estado dominicano a la audiencia del 8 de febrero de 2019, en la que se conocería un asunto que concierne a la RD, se debió a un acatamiento del Gobierno dominicano a la sentencia del Tribunal Constitucional TC-256-14”, dijo Espinal, en rueda de prensa en el Palacio Nacional.
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Reiteró que la definición de la normativa sobre nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano. “El cual aplica de manera imparcial y objetiva sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reiteró mediante resolución su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en noviembre de 2014.
Espinal explicó que el artículo 184 de la Constitución dominicana dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
Dijo que el gobierno dominicano respeta y valora el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Espinal sostuvo que el Gobierno dominicano ha seguido participando en las audiencias y reuniones que la CIDH celebra en relación a la República Dominicana, pues la decisión del TC no alcanza dicha Comisión.
“La Colaboración entre el Gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha sido reconocido por la propia Comisión. Esperamos que continúe de esta manera”, agregó.
Además, dijo que contrario a lo planteado por el ordenamiento jurídico del país no genera apatridia.
Sostuvo que el Estado dominicano se ha dotado de una base normativa tanto constitucional como legal que da respuesta a las diferentes situaciones en materia de nacionalidad, que puedan presentarse en el país.
Señaló que eso ha sido reconocido por otros organismos y agencias internacionales, así como por diferentes actores nacionales e internacionales.
