El riesgo de perder puntos en su enorme popularidad tras dos años de Gobierno, al parecer estaba contemplado por el presidente Medina, quien habría sopesado el alcance de declarar Loma Miranda como parque nacional y vedar su explotación por un empresa extranjera.
El presidente Medina ha tenido la opinión favorable de más del 80% de los electores según han señalado las encuestas tanto independientes como de patrocinio oficial. Para mañana lunes está anunciada la publicación de la encuesta Gallup-Hoy, que evaluará los dos años del régimen, aunque no se dijo si incluirá el tema de Loma Miranda.
Al observar la totalidad de la ley aprobada por las cámaras, el presidente pidió el rechazo de la misma, cosa que hizo el Senado al día siguiente de su comunicación, y a postergar cualquier decisión en materia minera, hasta tanto el Poder Legislativo dicte el Plan de Ordenamiento Territorial.
Medina fundamentó bastante bien su posición en la carta que remitió al Senado de la República, en la cual citó que la creación del Parque Nacional Loma Miranda en un área que las autoridades nacionales competentes tienen identificadas como de gran potencial minero, es contraria al mandato constitucional de aprovechamiento de los recursos naturales.
En su carta, el gobernante recuerda a los legisladores que la ley que aprobaron desconoce la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y desconoce un compromiso internacional en materia de promoción y la protección de inversiones suscrito por la República Dominicana con la Confederación Suiza en fecha 27 de enero de 2004.
La carta presidencial que derribó la enorme campaña nacional que se había erigido a favor de declarar a Loma Miranda Parque Nacional, en alguna medida ridiculizó a los congresistas y los asesores legales de las dos cámaras, que al parecer pasaron por alto las premisas señaladas por el ejecutivo.
La campaña a favor de Loma Miranda parque Nacional impulsada por científicos, ecologistas, religiosos y con el favor de opiniones de organismos internacionales, tocó también al ciudadano común al cual no le afectaba en modo alguno sumarse a una causa publicitada durante dos años.
