El ministro Administrativo de la Presidencia de la República y el Director General de Comunicación de la Presidencia afirmaron este martes que fueron poco más de 430 millones de pesos los pagados por el Gobierno a dos empresas del publicista Joao Santana y su esposa Mônica Moura, involucrados en el caso Odebrecht, durante el período 2012-2016, y no 1,400 como denunciara la semana pasada la diputada Faride Raful.
A través de una carta enviada a Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, de la cual El Nuevo Diario obtuvo copia, José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena expresaron que el Gobierno siempre ha actuado apegado a las leyes del país y que con la denuncia y solicitud de informción al respecto lo que se busca es sacar provecho político.
“De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano”, expresan los funcionarios en su misiva.
Revelaron que las empresas a las que se les pagó la suma de (RD$430,506,711.17) fueron a CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016.
Sostuvieron que “los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que éstas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares”.
Se recuerda que Santana y Moura fueron absueltos por la justicia brasileña el pasado mes de junio de los crímenes de los crímenes de corrupción aunque fueron condenados por 19 actos relacionados con el lavado de dinero.
A continuación el texto íntegro de la carta envíada por Peralta y Marchena a la Cámara de Diputados:
Honorable
Rubén Maldonado Díaz
Presidente de la Cámara de Diputados
de la República Dominicana
Su Despacho
Honorable señor Presidente:
Cortésmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo a los demás honorables miembros de la Cámara de Diputados, para suministrarle las informaciones relativas a los servicios publicitarios contratados y pagados a las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en respuesta a la denuncia hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en curso por los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, quienes también sometieron un proyecto de resolución con miras a poner en marcha un proceso de investigación sobre los referidos contratos.
Mediante comunicación separada le estamos remitiendo a los indicados diputados la información solicitada en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir con usted y demás miembros de esa cámara legislativa no solo esas informaciones, sino también algunas consideraciones que estimamos relevantes para mostrar las tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos dichos diputados en su proyecto de resolución y en las intervenciones de algunos de ellos en los medios de comunicación.
Lo primero a señalar es que las informaciones a que se refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder, pues estas les fueron suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril de 2017 del Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al honorable diputado Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en respuesta a la honorable Diputada Faride Raful Soriano. De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano. En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.
En lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo primero a plantear es que en la contratación de las referidas empresas por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación se actuó con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a las normas de transparencia que rigen el proceso de contratación y pago en la Administración Pública. Hay que decir, además, que los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares.
Pasamos ahora a examinar algunos puntos cruciales del proyecto de resolución presentado en esa cámara legislativas por los diputados antes mencionados:
1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’. Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública. En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
2) En su informe, los indicados diputados han difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las empresas CINE &ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. Nada más alejado de la verdad. Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual se desglosa de la siguiente manera:
