Ante el vencimiento hoy del plazo para que el prosidente Danilo Medina promulgue u observe la ley que declara Loma Miranda Parque Nacional, varios sectores del país iniciaron ayer un proceso de presiones al gobierno en rechazo a esa disposicion congresional.
Ayer el gobierno advirtió que no cuenta con recursos para el pago de indemnización por la declaratoria de Loma Miranda como Parque Nacional.
En ese sentido, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, explicó que ya el presupuesto está comprometido con otros aspectos como la educación, los gastos fijos y el pago de la deuda.
No obstante dijo que se supone que al aprobar una ley de esa naturaleza los legisladores siempre toman en cuenta las fuentes de dónde serán obtenidos los recursos que se requieran para fines, en caso que sea necesario.
“Tenemos un compromiso con la educación, con el 4% (PIB), compromisos con los gastos fijos del Gobierno que son muchos, con el pago de la deuda, que siempre debe mantenerse al día, entonces los recursos que se mantengan fuera de lo presupuestado tienen que estar consignados y el Congreso tiene que tomar eso en cuenta”, expresó Peralta.
La Constitución
Según el artículo 101 de la Constitución, toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso, se reputarán promulgadas y el Presidente de la cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará.
Adriano Sánchez Roa
Ayer el senador por la provincia Elías Piña y vocero del PLD en el Senado, Adriano Sánchez Roa, expresó que el Congreso identificó algunas fuentes como previsión de que el Estado tendría que pagar alguna indemnización.
Entre esas fuentes citó las multas que cobra el Ministerio de Medio Ambiente por violación a las normas medioambientales y el 10% de los beneficios que se obtienen por explotación minera en el país. El legislador niega que sea tanto dinero que el Estado tenga que pagar a la Falconbridge, como alega la empresa que serían unos cuatro mil millones de dólares.
Sánchez Roa defendió el trabajo realizado por los legisladores para aprobar la ley, señalando que la comisión que estudió el proyecto se tomó más tiempo para investigar a fondo los pros y los contra.
