Santo Domingo.-La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esta provincia conoce este lunes la apelación de la medida de coerción impuesta al empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla, implicado en el caso del rapto y asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez.
En octubre pasado, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso un mes de prisión preventiva en contra del empresario, acusado de asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado dominicano y corrupción administrativa. La jueza Leonarda Quezada ordenó que la prisión preventiva la cumpliera en una cárcel de Monte Plata y declaró inadmisible el pedido de prisión por la muerte del abogado.
Sobre el asesinato, se recuerda que también a mediados del pasado mes, tras salir de en medio de la cátedra de derecho que impartía en horas de la tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez fue localizado sin vida al día siguiente en un afluente de Santo Domingo Oeste, con una cadena colgada al cuello.
En el expediente acusatorio por el crimen contra el abogado figuran, además, el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, José Mercado Blanco, alias El Grande, y el coronel y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, quienes cumplen un año de prisión preventiva.
La fiscal de la provincia, Olga Diná Llaverías, explicó que los primeros indicios de la investigación señalaron que el jurista habría extorsionado al entonces director de la OMSA por supuestas irregularidades en su gestión, versión rechazada por familiares del occiso.
De acuerdo al informe de la Fiscalía, Rivas le pidió al empresario Santana Zorrilla interceder por ante el fenecido abogado, instruyéndole para que de ser necesario, acordara con éste el pago de alguna suma de dinero, a cambio de que desistiera de acciones legales que había iniciado.
Los parientes de Ramírez han solicitado que el caso sea declinado a la jurisdicción del Distrito Nacional y han alegado temor de que Rivas se valga de su influencia política para evadir a la justicia.
Por el caso permanece prófugo Argenis Contreras González, a quien se acusa de disparar contra el jurista.
