SANTO DOMINGO. La auditoría de la Junta Central Electoral (JCE) al registro de nacimientos de extranjeros establecida mediante la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, autorizó la regularización del estatus migratorio de 495 personas desde el 1929.
Del total de expedientes en proceso se anularon 81 y quedan pendiente de transcribir 60.
Las personas regularizadas proceden de Haina, Bayaguana, Cevicos, Cristóbal, Distrito Nacional, El Seibo, Esperanza, Galván, Guananico, Guyamate, Hato Mayor, Higüey, La Romana, Las Terenas, Los Hidalgos, Los Llanos, Maimón, Mao, Monte Plata,Paraíso, Ramón Santana, Sabana Grande de Boyá, San Antonio de Guerra, San Juan de la Maguana, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Sosúa, Tamayo, Uvilla, Villa Altagracia y Yamasá.
Del total de 495 personas regularizadas, 167 proceden de Guayamte, 51 de La Romana, y de San Rafael del Yuma y El Seibo 75.
De Maimón, Mao, San Juan de la Maguana y Santiago solo se regularizó a una persona per localidad.
En Santiago fue regularizado David Wu Cen; en San Juan de la Maguana; SahonyArlet Charles; en Mao, Abelino Jeremie Bete, y en Maimón; Sarita Maturén Alexander.
Ley 169
La Ley 169-14 establece un régimen especial para las personas nacidas en territorio nacional e inscritas de manera irregular en el Registro Civil, y fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 23 de mayo pasado.
El reglamento para la aplicación de dicha ley fue firmado por el presidente Danilo Medina el miércoles 23 de julio, mediante el decreto 250-14 y define las condiciones para que un extranjero regularice su situación migratoria en el país.
El reglamento crea una unidad de aplicación, con carácter transitorio, bajo la dirección del ministro de Interior y Policía, que una vez complete los trámites administrativos de los solicitantes dispone de 30 días para decidir si la solicitud es rechazada o aprobada.
Tanto la Ley 169-14 como su reglamento han sido elogiados por la Unión Europea, cuyo presidente Herman Van Rompuy, visitó recientemente el país. Lo mismo hicieron el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, y el presidente de Haití, Michael Martelly, pero también ha recibido duras críticas de diversos sectores de la vida nacional. Algunos lo consideran violatorio a la soberanía nacional.
