SANTO DOMINGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que se pudo probar durante un proceso investigativo que el procurador fiscal titular de San José de Ocoa, José Miguel Cuevas Paulino, colocó una pistola debajo de un colchón a un presunto narcotraficante durante un allanamiento.
En rueda de prensa, informó que también está procediendo a solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público la suspensión del funcionario.
Más tarde, Domínguez Brito informó que el juez de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Milton Castillo, negó una solicitud de arresto formulada por el Ministerio Público.
“Si los actores del sistema de justicia no enviamos un mensaje claro de que cada delito tiene sus consecuencias, entonces gana la impunidad”, dijo el Procurador en su cuenta de Twitter.
Previamente, y durante la rueda de prensa, declaró que a raíz de la denuncia, fue iniciada una investigación, y efectivamente, se pudo comprobar que Cuevas Paulino cometió el indicado hecho, al colocar el arma al alegado distribuidor de drogas Erin Manuel Andújar (Peña).
Manifestó que el funcionario incurrió en los delitos de violación al principio de probidad, de legalidad y objetividad, establecidos en la Ley 133 del Ministerio Público.
Asimismo, en prevaricación, violación a la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, a la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
También violación durante el ejercicio de sus funciones a los derechos fundamentales de un imputado.
“Por lo tanto, hemos solicitado orden de arresto correspondiente, e igualmente hemos procedido a solicitar al Consejo Superior del Ministerio Público la suspensión de lugar”, informó Domínguez Brito.
El funcionario sostuvo que este tipo de acciones son inadmisibles, por más hechos criminales que haya cometido un imputado.
Asimismo, que el respeto al imperio de la ley es la garantía para el desarrollo de una democracia. “No podemos tolerar que quienes están obligados precisamente al cumplimiento de la misma, sean quienes la violenten”, concluyó.
El presunto narcotraficante originó un escándalo en San José de Ocoa, donde declaró que vendía drogas para supuestamente dar dinero a miembros del Ministerio Público y agentes policiales.
Por esa causa fue cancelada una fiscal y empleados de esa demarcación.
