SANTO DOMINGO.- «¿Cómo defender derechos sino exigimos los nuestros?», dice uno de los fiscales que mantienen desde hace varios días, a través de las redes sociales, su reclamo de mejores condiciones de trabajo y de un aumento salarial.
Los miembros del Ministerio Público se quejan de que, además de no poseer salarios competitivos, no cuentan siquiera con un buen seguro médico y tampoco de las herramientas de trabajo que faciliten su labor dentro y fuera de la oficina.
Con la etiqueta, «DignidadparalosfiscalesRD», en Twitter, los fiscales exponen sus dificultades para dar una respuesta rápida a la ciudadanía, entre ellas la falta de materiales gastables, equipos e infraestructuras que se correspondan al trabajo que debe realizar el Ministerio Público.
«Porque atendemos el mayor flujo de usuarios, pero somos los que percibimos más bajo salario», se queja la fiscal de Azua Belkis Ulloa, en su cuenta @belfiu_ul.
En tanto que Ricardo Dumcomb, en su cuenta @KELMIDUMCOMB, dice «¿cómo defender derechos sino exigimos los nuestros?».
Sostienen que a pesar de trabajar por el cumplimiento de las normas y de hacer sometimientos a los que la violan, la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11 no se cumple para ellos, sobre todo en lo que se refiere a los incentivos, bono vacacional y «remuneración adecuada y competitiva».
«El sistema de justicia dominicano necesita un MP (Ministerio Público) con todas las herramientas necesarias para cumplir su rol», expone Grimaldi Oviedo, fiscal de San Juan.
Wellington Matos, fiscal de San Cristóbal, informó que un fiscalizador gana RD$51,750, sin incluir impuestos, y un procurador fiscal RD$69,000. Explica que a la Ley 133-11 establece que se le debe pagar bono vacacional e incentivos, lo que hasta el momento no se ha cumplido.
«El Ministerio Público es el motor del sistema público, sin el ministerio público no hay nada», dice Matos, quien pidió, para hacer posible sus demandas, un aumento en la partida presupuestaria del Ministerio Público.
