SANTO DOMINGO. La sustitución del parque vehicular en el transporte público y de carga es uno de los preceptos innovadores de la recién aprobada ley que reorganiza este sector, y el cual establece un plazo de diez años para el “retiro paulatino” de las chatarras por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Las unidades de transporte terrestre en mal estado, en sus diferentes modalidades, deberán ser sacadas del Registro Nacional de Vehículos de Motor por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y “demolidos de inmediato por el INTRANT”, de acuerdo con el artículo 344 de la Ley de Movilidad Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.
La disposición deberá aplicarse con la promulgación de dicha ley, por parte del Poder Ejecutivo, “hasta que alcancen la vida útil máximas establecidas” que fija topes de 15 años para vehículos livianos de hasta cuatro pasajeros; 17 años, para microbuses de cinco a 20 pasajeros; 20 años, para minibuses de 21 hasta 26 pasajeros; 25 años, para autobuses desde 37 pasajeros en adelante; 30 años, para vehículos pesados de carga y diez años para las motocicletas.
Para asegurar estos mandatos, la ley prevé que el INTRANT disponga las medidas correspondientes y garantice un “financiamiento especial” para llevar a cabo el reemplazo de las unidades.
