SANTO DOMINGO. La figura de un fiscal especial para investigar el caso de sobornos y corrupción del caso de la constructora Odebrecht en el país ha generado un debate en el que juristas dudan de su eficacia en la República Dominicana.
Una figura similar ocurrió en el 2015 con la asignación de un fiscal especial que se llevó de paro entre agosto y septiembre al presidente y la vicepresidenta de Guatemala, gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala.
En opinión del jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, la designación de un fiscal especial para ese caso tendría las características de un Procurador General Adjunto, designado por el Poder Ejecutivo.
“O de alguna manera en alguna de las escalas jerárquicas que están dentro del Ministerio Público nombrado por un consejo que también tiene gravitación política”, argumentó.
Castillo Pantaleón consideró válida la solicitud de los sectores de la sociedad civil porque expresa una inquietud y una preocupación de la ciudadanía pero a su juicio no es realista, salvo que el Presidente designe una persona que tenga cierta respetabilidad de cara al público.
