El acuerdo firmado con Odebrecht para retribuir US$184 millones al Estado dominicano, aparenta ser sobre la base de lo admitido ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y no basado en los resultados arrojados por la investigación encabezada por el Procurador General de la República.
De acuerdo con lo dicho por el Procurador, Jean Alain Rodríguez, el convenio mediante el cual se renuncia a procesal penalmente a Odebrecht y sus empleados directos, es totalmente confidencial, dejando entrever que se dio como bueno y válido lo dicho ante autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza en lo relativo al pago de US$92 millones en sobornos para ser favorecidos con obras del Estado.
Rodríguez Sánchez explicó que a cambio de la identificación de personas, obras y estructura financiera empleada en la movilización de los fondos destinados a sobornos, no someterá penalmente a la empresa.
Señaló que esto es como contrapartida de la compensación y colaboración jurídica de Odebrecht, en respeto a los acuerdos internacionales, al principio de non bis in ídem y la economía procesal, la empresa y sus empleados directos continuarán siendo procesados en Brasil, una vez satisfechas las condiciones del acuerdo.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, entiende que el acuerdo firmado por la Procuraduría General con la constructora brasileña debería ser homologado por un juez, debido a la magnitud del caso.
“Yo lo que le recomiendo al Procurador es que homologue ese acuerdo ante un tercero imparcial que es un juez, que analizando el contenido del acuerdo, pueda sobre la base de lo que dice el código entonces homologar”, dijo Castaños.
En tanto que Nassef Perdomo explica que de acuerdo con la ley de compras y contrataciones públicas, el gigante de la construcción debe de ser inhabilitado definitivamente porque cometió faltas muy graves.
El reglamento de la ley de compras establece que “La Dirección General de Contrataciones Pública inhabilitará de forma permanente a los proveedores por ofrecer dádivas, comisiones o regalías a funcionarios de la entidades públicas, directa o por interpuesta persona en relación con actos atinentes al procedimiento de licitación o cuando utilicen personal de la institución para elaborar sus propuestas”.
