El diputado Víctor Bisonó Haza, senador José Hazim Frappier y el doctor Leonardo Matos Berrido fueron sometidos a la justicia por alegada falsificación de documentos.
El sometimiento fue hecho por la secretaria de la oficina presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Carmen Paredes López de Valdez, quien interpuso una querella ante la Procuraduría General de la República en contra de los dos legisladores y Matos Berrido, a quienes acusa de haberle falsificado su firma en un documento que depositaron en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Una nota enviada a END, dice que la señora López de Valdez también se querelló contra Bisonó Haza, Hazim Frappier y Matos Berrido por uso de documentos falsificados y violación a la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
Dijo que tiene como abogado constituido y apoderado especial al licenciado Rafael C. Sena Rivas, quien explicó que los imputados en un proceso judicial que cursaba en su contra en el TSE depositaron una comunicación supuestamente dirigida al presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, en la que se falsificaron la firma de la querellante, “dando a entender que fue la persona que recibió la supuesta comunicación en su condición de secretaria de la presidencia del Partido Reformista”.
En la instancia depositada en la Procuraduría, López Valdez narra que la referida comunicación en la que se suplantó su firma “nunca la había tenido en sus manos, ni en original ni fotocopia, por lo que no es cierto que la haya recibido, como quisieron dejarlo establecido con la falsificación de su firma en el sello gomígrafo que está en la parte superior izquierdo del documento”.
“La firma de recibo que se me atribuye es totalmente falsa y el sello que aparece fue escaneado mediante un medio electrónico, por lo que los imputados al hacer uso de la misma, se hacen reos de la comisión de los ilícitos de asociación de malhechores y uso de documento falso, previsto y sancionados en los artículos 150 y 265 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 18 de la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ”, dice un párrafo de la querella.
