El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) considera que la decisión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de condicionar la aprobación de las leyes Electorales y de Partidos a que primero se designen nuevos jueces en el Tribunal Electoral (TSE), evidencia que no le interesa las leyes del sistema electoral, que solo quieren lograr posiciones y presionar.
La afirmación la hizo el delegado político del PLD en la JCE, César Pina Toribio. Sobre el diálogo con los partidos, el jurista y exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo declaró no tener información de fecha para un posible diálogo.
“Y, por lo que he leído en los periódicos de hoy, vamos a tener el mismo impasse que patrocina el PRM, en el sentido, de que primero se designen los jueces del TSE y luego se discutan esas leyes”. A su juicio, una cosa no tiene que ver con otra, en lo relativo a elegir jueces del TSE y conocer las leyes electorales.
Cree que en algún momento tendrá que decidirse sobre los proyectos de Ley de Partidos Políticos y de la JCE. Adujo que al PRM no le interesa la Ley de Partidos ni la Electoral. “Le interesa exclusivamente lograr posiciones y presionar, evadiendo entonces, la discusión y presentación de estos proyectos de leyes.
En otro aspecto, dijo que es la autoridad judicial la que tiene que decidir quienes deben ser llamados a declarar, en el caso de la constructora de capital brasileño Odebrecht. Respondió en este término al planteamiento que hacen algunos sectores, de que sean interrogados los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía, el actual mandatario, Danilo Medina y otros funcionarios del Estado, por la denuncia de que esta empresa habría pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos para adquisición de obras de infraestructura, en los últimos años.
Pina Toribio dijo que en el momento que se entienda, “que algunas de estas personas tienen indicios de violación a la ley”, debe ser la autoridad judicial la que actúe”. En cuanto a la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, que el PLD dejó esta labor al Senado de la República, que es quien tiene la autoridad.
