La aprobación de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la modificación a la Ley Electoral que permita regular de forma efectiva el arbitraje de los procesos venideros, constituyen dos de los principales retos del Congreso Nacional para este año 2017.
A pocas horas de concluir el pasado año 2016, una comisión de diputados visitó los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) donde el presidente de la Comisión Electoral de la cámara baja, Víctor D’Aza anunció el interés del Congreso en aprobar para el 2017 el proyecto de Ley de Partidos y Organizaciones Políticas, así como la reforma a la Ley Electoral.
Mientras el recién designado presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán se adelantó a decir que este 2017 será el año de la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, así como también de la modificación de la Ley Electoral.
Desde hace alrededor de 20 años entre los diversos sectores de influencia nacional se ha venido buscando “consenso” con el propósito de aprobar una ley que rija el accionar interno de los partidos políticos.
Lo mismo ha sucedido con la Ley Electoral aprobada en 1997, la cual en diversas ocasiones se ha planteado la posibilidad de una modificación de la misma para su fortalecimiento.
La realidad es que el proceso de modernización del sistema de partidos políticos y electoral dominicano ha sido boicoteado en el Congreso Nacional durante más de una década por las propias organizaciones llamadas a mejorar su confianza en la población y fortalecer el potencial de apoyo a la democracia.
Analistas manifiestan que hay sectores a lo interno y externos de los partidos que no les conviene una regularización del sistema, apelando siempre a que se mantenga el transfuguismo, el uso indiscriminado de fondos y propaganda en las campañas electorales, el clientelismo, el porcentaje de participación de las mujeres, impedimento al monitoreo de la JCE y el mantenimiento de reservas de la cuota de candidaturas para la alta dirección.
Desde finales de la década de los 90 los partidos políticos que han controlado el Congreso, han evadido aprobar todos los proyectos de ley relacionados con el control interno de las organizaciones políticas y el fortalecimiento del sistema electoral.
En 1999, la entonces Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, organizó un debate entre académicos, dirigentes políticos, representantes de la JCE y de la sociedad civil, del cual surgió la propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que fue sometida ante la Cámara de Diputados por la entonces legisladora reformista Licelott Marte de Barrios. La iniciativa perimió por carecer de apoyo.
Luego de varios vaivenes fue aprobada en 2004 la Ley de Primarias número 286/04, que estableció “un sistema de elecciones primarias mediante el voto universal directo y secreto con la participación de todos los electores como forma de garantizar la democracia interna en la selección de las candidaturas de los partidos”.
En 2007 la JCE presentó un nuevo proyecto, el cual fue rechazado por los partidos, en parte argumentando que el órgano de arbitraje electoral carecía de facultades para hacerlo. El 12 de agosto de 2009 la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura, después de amplios debates en la sociedad otro Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, el mismo fue obviado por el Senado.
