La empresa Metales Antillanos elevó un recurso de amparo contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que prohíbe actividades de desguace y reparación de barcos en las riberas de los ríos Ozama e Isabela. Son cinco las empresas notificadas por las autoridades para que cesen sus operaciones en los lados de los mencionados ríos, no sin antes limpiar y remediar el área de los 30 metros de las riberas de los dos ríos.
José Ignacio Acero, propietario de Metales Antillanos, junto a sus abogados Alberto Caamaño y José Miguel de Herrera, explicaron que el recurso de amparo fue depositado el pasado viernes ante el Tribunal Superior Administrativo.
Caamaño explicó que la resolución 13-2016 obliga al cierre de sus operaciones a pesar de que esta empresa tiene 42 años en funcionamiento y tiene una empleomanía directa e indirecta de unas 400 personas.
Manifestó que cuentan con un permiso ambiental, que en la actualidad está suspendido por disposición de Medio Ambiente en franca violación al artículo 50 de la Constitución que establece la libertad de empresa.
“La resolución 13-2016 nos parece contiene una serie de aspectos que no son conforme a la Ley, que no son conforme al debido proceso, es una resolución de tipo administrativa que ni cuenta con ningún aval judicial ni ha sido convocada la familia Acero para discutir los aspectos esenciales”.
