Santo Domingo.-El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet reafirmó, este miércoles el llamado del gobierno dominicano a los funcionarios públicos, a través de circular oficial, para que se integren y cumplan con los sistemas de transparencia e integridad establecidos en la administración pública, tras precisar que la corrupción es un atentado contra la democracia y la estabilidad de la nación, a propósito de conmemorase este 9 de diciembre el Día Internacional Contra la Corrupción, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los países parte.
En ese sentido, el director general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Lidio Cadet, vía el mismo comunicado institucional, también dirigió un llamado a todos los sectores de la sociedad dominicana, para aunar esfuerzos en aras de librar a la administración pública del cáncer de la corrupción y construir una República Dominicana inclusiva, con participación y colaboración de toda la ciudadanía en la edificación de una nación próspera y democrática.
Asimismo, el funcionario enfatizó que, “las prácticas indecorosas deben ser contrarrestadas con una conducta ética y transparente que sirva de modelo para los servidores públicos bajo nuestra dirección y liderazgo”.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. Pero la corrupción no solo se lleva el dinero de los más necesitados, sino que además, debilita a los gobiernos y esto, a su vez, puede exacerbar el problema de las redes de delincuencia organizadas y fomentar delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y migrantes, la falsificación y el comercio de especies en peligro de extinción.
Para la articulación de estas políticas, la ONU actualmente cuenta con 177 Estados parte, entre los que se encuentra la República Dominicana, lo que significa que la gran mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han unido al combate, a través de la promoción y aplicación de políticas de prevención y sanción del flagelo.
