La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, aplazó por séptima vez el conocimiento del recurso de amparo sometido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), contra varias instituciones del Estado con el fin de poner fin al monopolio de los transportistas, porque fueron recusados por las empresas choferiles, alegando parcialidad.
Los jueces Diógenes Villalona, presidente; Evelyn Torres y Alina Mora aplazaron para el miércoles próximo a las 2:00 p.m.
Los abogados de las federaciones de transporte público y de carga que están como intervinientes voluntarios pusieron también en causa a cuatro nuevas instituciones públicas.
La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) fueron admitidas como intervinientes forzosos por entender que si el Tribunal acoge el recurso de amparo, ellos tendrían que acogerse a ella.
Apordom y la AMET, así como las federaciones de transporte que los pusieron en causa, pidieron que se aplazara la audiencia a los fines de tomar conocimiento del expediente pero dicha solicitud fue rechazada.
“Considerando que si una de las partes, intervinientes voluntarios, llamó a otras partes a esa audiencia, fue esa parte que debió ponerlos en condición para defenderse proporcionándoles todas y cada una de las pruebas depositadas hasta el 28 de noviembre del presente mes”, refirió la Segunda Sala del TSA.
Explicaron que todas las partes están en capacidad de defenderse y presentar sus conclusiones, en el entendido de que la acción de amparo no está sujeta a formalidad y sobre todo porque se tomaron todas las previsiones respetando el debido proceso de ley, el derecho de defensa de todas las partes y la tutela judicial efectiva.
El procurador General Administrativo, David Betances, se opuso a que fuera reenviada, en el entendido de que los ministerios de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, Interior y Policía, y Turismo; la Policía Nacional y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre puestos en causa por el CONEP, no fueron los que pidieron los aplazamientos.
