La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) favorece que los concejos de regidores aprueben los permisos de uso suelos, como ha resuelto el Tribunal Constitucional con la sentencia 296-16.
Finjus, a través de un comunicado de prensa, sostiene que “ha respaldado el hecho de que nuestro constituyente estableciere de origen, en el marco del diseño de poder local desconcentrado, las funciones de cada órgano, sin ser contradictorias entre sí, ni mucho menos contrarias al ordenamiento jurídico dominicano”.
De igual manera, dijo, “nuestro legislador plasmó claramente la delimitación de las funciones a las que hacemos referencia en los articulados de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Pese a que la normativa estableció pautas precisas a seguir, no se ha podido evitar la aparición fáctica de conflictos de atribución entre los órganos que encarnan los gobiernos locales. Este es un aspecto fundamental de la Sentencia TC-296/16 del Tribunal Constitucional que comentamos”.
Continúa: “Desde Finjus saludamos la decisión del Tribunal Constitucional por considerarla en concordancia con los principios de organización territorial, interpretación y armonización que realizara el Tribunal Constitucional, reafirmando la competencia del Concejo de Regidores de los municipios, que es la entidad jerárquica de la administración y gobierno local de los ayuntamientos, con facultad para dictar las normas y directrices generales que serán implementadas en los municipios y distritos municipales que están dentro de su ámbito de competencia territorial”.
la entidad precisó que los municipios constituyen piezas esenciales en la configuración territorial del régimen administrativo a partir de la Constitución del 2010, pues la República Dominicana constituye un Estado unitario, que propende hacia la descentralización territorial a través de éstos. En ese sentido, esperamos que esta sentencia coadyuve a consolidar la seguridad jurídica y el necesario clima de transparencia para las inversiones económicas en el territorio nacional.
En ese sentido, agregó que es necesario que todas las actuaciones de los gobiernos locales se sujeten de manera estricta al ordenamiento jurídico, para evitar decisiones discrecionales que lesionen la libre empresa, la inversión y el adecuado funcionamiento del régimen económico y que sirvan para propiciar el desarrollo integral y equilibrado en beneficio de la ciudadanía.
