Santo Domingo.-La comisión evaluadora de los terrenos registrados a nombre del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) pidió este martes a la Presidencia de la
República que solicite al Congreso Nacional la paralización del conocimiento de los contratos de venta de terrenos a particulares.
Señala que esa paralización podría ser hasta que la comisión remita un informe detallado acerca del trabajo encomendado por el presidente Danilo Medina, mediante el Decreto 268-16.
El planteamiento está consignado en una comunicación enviada por el coordinador de la referida comisión y ministro Sin Cartera para Políticas de Desarrollo, Bautista Rojas Gómez, al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
“Esta comisión evaluadora tiene a bien solicitar, salvo su mejor parecer, que en el Congreso Nacional sea paralizado el conocimiento de todos los contratos de venta de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, hasta tanto esa comisión remita un informe detallado de las mismas a ese despacho”, expresa la carta.
El mes pasado, el Poder Ejecutivo designó la comisión evaluadora y prohibió la asignación, venta, cesión en usufructo, permuta, donación o cualquier otra operación inmobiliaria de terrenos propiedad del CEA, a menos que cuente con una autorización previa del Poder Ejecutivo.
La comisión, que deberá rendir un informe en un plazo de un año, está conformada por el Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Director General del Catastro Nacional, el Contralor General de la República y el Director Ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), bajo la presidencia de Rojas Gómez.
El decreto establece que la comisión realizará el inventario que deberá contener información sobre el uso de los terrenos, determinando si están destinados a la explotación azucarera, agrícola, agroindustrial o ganadera, así como información sobre las operaciones inmobiliarias realizadas con los mismos y también la modalidad o condición en que se han realizado cada una de estas operaciones.
Asimismo, instruye a la Contraloría General de la República a auditar el inventario de los terrenos y las asignaciones, cesiones en usufructo, arrendamiento, permutas, donaciones y ventas, temporales o definitivas que se hayan realizado en el período 2000-2016. Mientras que la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial determinará la clasificación del uso del suelo de los terrenos.
