República Dominicana cuenta con 25 instituciones, a las cuales, según las leyes, hay que destinarles montos específicos del total de los recursos que conforman el Presupuesto General del Estado.
Tomando como base el 2016, se puede ver que el gobierno necesitaría destinar alrededor RD$376,348.7 millones, igual a un 69.75%, de los ingresos, sin financiamiento (RD$539,513 millones), del Presupuesto de 2017 para cumplir con las leyes que asignan presupuesto, sin contar los recursos que van a Salud Pública.
Esto significa que, de cumplir con estas legislaciones, sólo un 30% de los ingresos tendría que destinarse para el financiamiento de las demás instituciones y proyectos que requieran recursos del Estado.
Las leyes que otorgan porcentajes específicos del Presupuesto y del Producto Interno Bruto (PIB) a casi tres decenas de instituciones ponen al gobierno en un dilema: “incrementar el ya elevado endeudamiento o incumplir los mandatos de las legislaciones”, con la complicidad del Congreso Nacional que es la institución que aprueba el Presupuesto General del Estado.
El anteproyecto de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional ya incumple con estas leyes y, además, para sostener los niveles de gastos expresados en el documento oficial, el gobierno contempla la necesidad de financiamiento, por un monto de RD$171,886 millones.
En el Presupuesto de 2016, el gobierno cumplió, de manera general, 64% de lo requerido para las instituciones que demandan porcentajes específicos.
Diferencia abismal
Al observar los montos establecidos en el Presupuesto de 2016, y los que las legislaciones indicaban, en algunos casos se puede notar una diferencia tan grande, que habría que multiplicar la cantidad menor hasta por 15 veces para que sea similar a la mayor.
Tal es el caso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), al que, según la Ley 136-03, se le debe asignar el 2% del Presupuesto Nacional, que en 2016 era igual a RD$11,323.8 millones, y sólo tuvo una asignación de RD$787.9 millones.
