La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la situación de más de 210,000 personas que, según sus cálculos, habrían quedado en condición de apátridas en República Dominicana, como resultado de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional.
Asimismo, la Comisión lamentó “profundamente” que el Estado dominicano haya impedido la salida del país de Juliana Deguis Pierre para participar en la audiencia realizada en Washington por ese organismo. “La Comisión ha solicitado información al Estado sobre las razones para impedir su salida del país, y quedó pendiente de recibir esta información”, planteó.
“Resulta asimismo preocupante la información presentada en la audiencia sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, de que el Tribunal Constitucional ha confirmado el criterio establecido en dicha sentencia a través de las sentencias 275/13, 290/13 y 28/14, lo cual ha agravado la situación”.
Los pronunciamientos del organismo se produjeron en el marco del término de la celebración de 150 periodo ordinario de sesiones que concluyó ayer, en la que señaló que como lo habían planteado en diciembre de 2013, “esta sentencia conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad y tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes”.
Significó que aunque el Estado indicó en la audiencia que la sentencia no es discriminatoria porque personas de ascendencia de otras 117 nacionalidades presentes en el país también podrían verse afectadas, la información de que dispone la CIDH indica que existe un impacto desproporcionado sobre personas afrodescendientes. “La CIDH urge al Estado a buscar una solución que garantice el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010, sin exigir que se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos”, advirtió.
