SANTO DOMINGO.-Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno que atienda «urgentemente» la situación de miles de apátridas, especialmente descendientes de haitianos.
«Esta situación necesita de solución urgente, inmediata, participativa y basada en los más altos estándares de derechos humanos», dijo a periodistas Robin Guittard, encargado de campañas de AI para la República Dominicana, tras visitar la sede de la Presidencia Nacional.
Guittard y representantes de organizaciones de la sociedad civil entregaron al Ejecutivo dominicano más de 50.000 peticiones, recogidas en 134 países, para que tome medidas para enfrentar esta situación por la que atraviesan.
El representante reconoció que el Gobierno ha emprendido acciones para afrontar la situación, pero que miles de personas siguen afectadas.
«No se puede despojar a una persona de su nacionalidad», subrayó Robin Guittard, quien señaló que acudió al Palacio Nacional para «reiterar nuestra preocupación» ante este tema.
La entrega de las firmas por parte de AI se llevó a cabo en la semana del tercer aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dominicano, que despojó a decenas de miles de personas, en su mayoría de descendencia Haitiana, de su nacionalidad dominicana, según AI.
En septiembre de 2013, el TC de República Dominicana resolvió que los niños nacidos de padres extranjeros indocumentados en el país desde 1929 no habían tenido nunca derecho a la nacionalidad dominicana.
Esta sentencia los hizo «ciudadanos fantasma» limitando severamente sus oportunidades para ir a la escuela, conseguir empleo e incluso viajar libremente por el país, afirma la organización.
Sin embargo, tras expirar el plan de regularización el 18 de junio de 2015, las autoridades dominicanas dijeron que no expulsarían a ninguna persona que pudiera demostrar que había nacido en el país.
«El nuevo mandato del presidente de la República, Danilo Medina, brinda una oportunidad única para que el Gobierno dominicano deshaga algunos de los muchos males creados con la sentencia de la Corte Constitucional hace tres años», apuntan desde la organización.
