Los abogados de los imputados por el caso de fraude en el Banco Providencial, Cesar Amadeo Peralta y Eduardo Jorge Prats, negaron que sus defendidos sean enemigos del sistema financiero como, han sido calificados en publicaciones hechas por el periódico digitalAcento.com.do
“Dichos artículos, lo cual se comprueba con su simple lectura, provocan un juicio social y moral a los señores Iván Aquiles Hernández Oleaga e Ivette Hernández Bona ,antes de que los tribunales conozcan formalmente de las imputaciones penales así como de los recursos contenciosos administrativos interpuestos por ante el Tribunal Superior Administrativo”, manifestaron los juristas mediante un documento.
Señalaron que los artículos presionan la justicia dominicana y por ende, se encuentra forzada por el acoso popular a no ser rigurosa en la comprobación de las acusaciones.
Sostienen que “los reportajes pasan por alto las gravísimas falencias procesales y circunstancias fácticas que dieron lugar a la intervención del Banco Providencial y los intereses privados que participaron en el irregular proceso de disolución”.
Comunicado íntegro remitido por los abogados.
¿Qué ocurrio realmente con el Banco Providencial?
La realidad detrás del telon y la inversión venezolana.
Durante los últimos días se han publicado una serie de reportajes que, mediante datos muchas veces parciales y otras clara y manifiestamente erróneos, crean la idea de que los señores Iván Aquiles Hernández Oleaga e Ivette Hernández Bona, accionistas del Banco Providencial como enemigos del sistema financiero (Véase: “Auditores externos confirmaron irregularidades en el Banco Providencia” de fecha 5 de septiembre de 2016 y “Fraude en el Providencial: Más de 800 millones en activos inexistentes”, de fecha 12 de septiembre de 2016).
Dichos artículos, lo cual se comprueba con su simple lectura, provocan un juicio social y moral antes de que los tribunales conozcan formalmente de las imputaciones penales así como de los recursos contenciosos administrativos interpuestos por ante el Tribunal Superior Administrativo. De esta manera, la justicia dominicana se ve presionada y, por ende, se encuentra forzada por el acoso popular a no ser rigurosa en la comprobación de si la Superintendencia de Bancos realmente inobservó las disposiciones de la Ley No. 92-04 al implementar el Programa Excepcional de Prevención de Riesgo Sistémico para Entidades de Intermediación Financiera, pues los accionistas del Banco Providencial serían popularmente culpables y su actividad los colocaría automáticamente fuera de la ley. Esto es lo que se conoce como populismo penal, el cual se caracteriza por el uso de los medios de comunicación para inducir a la sociedad a considerar a priori la culpabilidad de éstas personas, incluso antes de que se dicte cualquier veredicto en el ámbito judicial, en detrimento del código de la justicia penal en la que prima la presunción de inocencia, que es, de hecho, un derecho consagrado en la Constitución.
No merecen tan siquiera la imparcialidad de la justicia ni que su caso sea analizado con objetividad. Lamentablemente, los reportajes pasan por alto las gravísimas falencias procesales y circunstancias fácticas que dieron lugar a la intervención del Banco Providencial y los intereses privados que participaron en el irregular proceso de disolución. Por esta razón, a continuación haremos de conocimiento público algunos acontecimientos que han sido presentados en los recursos contenciosos administrativos del Banco Providencial y que demuestran quiénes han sido los beneficiarios directos de este proceso.
Los accionistas del banco providencial les vendieron sus acciones y
La transacción consistía en la adquisición por parte del Activo International Bank del 85% de las acciones del Banco Providencial, de manera que el señor Iván Aquiles Hernández Oleaga y sus hijos mantendrían las acciones restantes correspondientes al 15%. De igual forma, los inversionistas extranjeros adquirirían la mayoría de las acciones de las sociedades comerciales Guardianes Lince y Herbon Envíos EP, pertenecientes a los señores Iván Aquiles Hernández Oleaga, Alquiles Hernández Bona e Ivette Hernández Bona. La venta de las acciones de estas entidades inyectaría inmediatamente la cantidad de US$3,500,000.00, que convertidos a la tasa de cambio de RD$45.90, equivalen a RD$160,650,000.00 en el Banco Providencial. Pero, además, las partes se comprometían a incrementar el patrimonio técnico de dicha entidad de intermediación financiera para convertirlo en un banco múltiple. Es oportuno resaltar que al momento de la firma de la carta de intención el Activo International Bank no tenía autorización para operar como un banco en la República Dominicana.
Los señores Iván Aquiles Hernández Oleaga, Alquiles Hernández Bona e Ivette Hernández Bona aportaron nueve inmuebles valorados en US$3,450,000.00, que convertidos a la tasa de cambio de RD$45.90, equivalen a RD$158,355,000.00. Estos inmuebles, conforme las negociaciones realizadas por los accionistas del Banco Providencial con la Superintendencia de Bancos, permitirían continuar con las negociaciones consistente en la compraventa del 85% de las acciones de dicha entidad de intermediación financiera. A este monto se le debe sumar la cantidad de RD$229,936,136.00 correspondiente al total de activos del Banco Providencial según los datos de la Superintendencia de Bancos. De manera que si sumamos los RD$160,650,000.00 por la venta de las acciones, más los RD$158,355,000.00 por los inmuebles aportados, más RD$229,936,136.00 por los activos de la entidad, nos da un total de RD$548,941,136.00, suficientes para cumplir con las obligaciones con los ahorristas y continuar pagando los préstamos interbancarios. Pero más aún, los accionistas del Banco Providencial tenían efectivos por RD$123,324,177.00 aproximadamente, sin tomar en cuenta los demás activos como son la compañía de guardianes y de remesas. Para tener una idea, la sociedad comercial Herbon Envíos EP en los estados presentados en el Informe Axesor presenta un total de activos de RD$301,239,291.00 . Si sumamos todos estos montos nos da como resultado una entidad de intermediación financiera capaz de continuar con sus operaciones financieras y, por consiguiente, hacer frente a sus obligaciones. Por tanto, es claro que el supuesto “hoyo financiero” no es tan profundo como se señala en los indicados reportajes y mucho menos se trata de un fraude de parte de los señores Hernández, pues, de haber sido un “fraude bancario”, los accionistas del Banco Providencial no hubiesen procurado la venta de sus acciones en las distintas empresas de su propiedad, no hubiesen aportado todos sus inmuebles para hacer frente al problema de liquidez y, sobre todo, no hubiesen dado la cara comprometiéndose con reembolsar todas las acreencias de los inversionistas de la inmobiliaria Propiherbon.
Ahora bien, en lugar de materializar el acuerdo suscrito entre los accionistas del Banco Providencial y los inversionistas extranjeros, la Superintendencia de Bancos implementó el Programa Excepcional de Riesgos Sistémicos porque la iliquidez del Banco Providencial supuestamente representaba un riesgo para las entidades financieras que le aprobaron líneas de crédito. En efecto, para la Administración Monetaria y Financiera el Banco Providencial es de importancia sistémica por el simple hecho de que la referida entidad tiene préstamos por un monto total de alrededor de RD$258.05 millones que se encontraban repartidos entre siete entidades de intermediación financiera distintas. O sea que, suponiendo que el Banco Providencial debe el monto total en partes iguales a cada una de las siete entidades de intermediación financiera, tendríamos RD$258.00 millones entre 7 entidades, que diera como resultado un total de RD$36,857,142.00 aproximadamente para cada una de estas entidades. En ese sentido, es importante recordar que para el año 2015 el sector financiero nacional presentó un crecimiento anual de las operaciones activas de RD$110,203.9 millones, por lo que resulta cuestionable que la imposibilidad de cobrar momentáneamente una acreencia de RD$36,85,142.00 represente un riesgo para un banco múltiple. Pero lo importante de la implementación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo Sistémico para Entidades de Intermediación Financiera, es que le permitió a la Superintendencia de Bancos intervenir rápidamente al Banco Providencial, ordenar su disolución y vender sus activos al Banco Activo Dominicano, entidad que durante el desarrollo de este proceso tuvo la buenísima suerte de adquirir una autorización para operar como banco múltiple y sólo tuvo que invertir una cantidad de RD$114,575,000.00 para la cobertura del desfase.
En otras palabras, la implementación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para Entidades de Intermediación Financiera resultó absolutamente beneficioso para los inversionistas extranjeros, pues pagaron mucho menos dinero y obtuvieron mucho más de lo que originalmente buscaban. Y es que, en vez de pagar RD$160,650,000.00 por el 85% de las acciones del Banco Providencial y de hacer una inyección de capital para transformar el Banco Providencial a un banco múltiple, éstos solo aportaron RD$114,575,000.00 por todo el Banco Providencial, al cual, recordemos, le fueron transferidos nueve inmuebles adicionales, que antes no tenía y que eran propiedad de los señores Iván Aquiles Hernández Oleaga y sus hijos por un valor de US$3,450,000.00 y, además, con el respaldo del dinero proveniente del Fondo de Consolidación Bancaria por implementación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para Entidades de Intermediación Financiera, ascendente a RD$328,551,389.57, todo lo cual puede verificarse con la simple lectura de la Tercera y Primera Resolución de la Junta Monetaria de fechas 19 de mayo de 2016 y 2 de junio de 2016, respectivamente. No cabe duda que fue un magnífico y extraordinariamente lucrativo negocio para esos inversionistas extranjeros.
Así las cosas, resulta interesante preguntarnos, ¿qué ha sucedido con el señor Iván Aquiles Hernández Oleaga y sus hijos? Y como fueron vilmente involucrados en un expediente aún sin haber cometido ningún ilícito penal. Aparecen así el señor Iván Aquiles Hernández Oleaga y sus hijos como chivos expiatorios de las gravísimas fallas en la implementación de la Ley 92-04 y los jugosos beneficios extraídos por los inversionistas extranjeros con la irregular disolución del Banco Providencial y de la cual los tribunales darán una respuesta mas acertada, tal y como sucedió con las mismas irregularidades con que les entregaron el banco micro a los directivos venezolanos del banco peravia.
Por otra parte, en vista de que se ha acusado a la empresa Propiherbon, y a sus accionistas, de realizar intermediación financiera sin autorización, es importante recordar que, de conformidad con el artículo 68, inciso a.1, de la Ley Monetaria y Financiera, “realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria” constituye una infracción muy grave, la cual da lugar a una de las siguientes sanciones: (i) Multa por importe de hasta RD$10,000,000.00; o (ii) revocación de la autorización para operar como entidad de intermediación financiera o como sucursal, filial u oficina de representación (artículo 70). En otras palabras, la intermediación financiera sin autorización no conlleva prisión, sino sanciones cuantitativas. En el presente caso, la Administración Monetaria y Financiera no ha demostrado que la inmobiliaria Propiherbon realizaba actividades de intermediación financiera y, en todo caso, lo que correspondería es una sanción por parte del ente regulador.
Por todo lo antes expuesto, podemos afirmar que los accionistas del Banco Providencial han sido despojados irregularmente de sus activos para favorecer a un grupo de extranjeros que se han beneficiado enormemente de la intervención y posterior disolución de dicha entidad de intermediación financiera. Al final, sólo nos queda resaltar lo indicado por Donald Rumsfeld, Exsecretario de defensa de los Estados Unidos de América, “hay cosas que sabemos que se saben. Pero también hay cosas que sabemos que no se saben. Es decir, hay ciertas cosas que sabemos a ciencia cierta que no sabemos. Pero también hay cosas que no sabemos que no nos son conocidas”. Así pues, esperamos que cada persona pueda hacer su propio juicio al analizar aquellas cosas que se desconocían y que han sido distorsionadas en los referidos reportajes y, de igual forma, confiamos que al finalizar de todo este proceso se hará justicia. Mantendremos informada a la opinión pública de la evolución de este caso como una manera de preservar la presunción de inocencia de nuestros defendidos así como los derechos e intereses del Banco Providencial y sus accionistas.
