La Organización de las Naciones Unidas evaluará este lunes y martes en Ginebra cómo está implementando Uruguay la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y tanto las organizaciones sociales como el Gobierno coinciden en que hay varios puntos que mejorar.
Uno de los principales factores en los que el país suramericano debe mejorar es en la elaboración de una fuente estadística fiable en la que se recojan datos sobre cuál es la población exacta con algún tipo de discapacidad en Uruguay y cuáles son sus características económicas o de género, entre otras.
Esa información favorecería el establecimiento de políticas públicas efectivas para atender sus necesidades, algo que con los datos actuales -los del último censo, de 2011- se hace «a tientas», reconocen fuentes consultadas por Efe tanto de organizaciones sociales como del Gobierno.
Según explicó a Efe Jesshie Toledo, miembro del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (Iidi) y una de las representantes de la sociedad civil uruguaya en la presentación de informes en Ginebra, otro déficit en la implementación de la convención hace referencia a la educación.
Toledo opina que en Uruguay se está en un proceso de cambio de paradigma en la enseñanza en el que se pasa de considerar que las personas con discapacidad deben acudir a centros especiales a otro, en el que se busca la correcta inclusión en cualquier institución educativa.
Esta última es la postura acorde con el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
En ese sentido, considera que en el país todavía está muy instalado el «tener lugares especiales para personas diferentes», algo que se une a que los docentes no están preparados para las necesidades específicas de las personas con discapacidad ya que están formados para «otro modelo» educativo.
