El vocero del ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, declaró este jueves en la tarde que la Procuraduría General de la República “hace justicia selectiva y usa como chantaje” el caso del supuesto soborno que habrían recibido militares y legisladores criollos para la compra de aviones Super Tucano a una empresa brasileña en el 2008.
En una declaración escrita, el periodista Rafael Núñez señala que el Ministerio Público debería actuar “con entera libertad e imparcialidad” en los casos que se presuma se han cometido actos dolosos -no importa de quién se trate-.
A su juicio, debe haber una investigación “que garantice el debido proceso y no esté contaminada por el chantaje y la justicia selectiva”.
La reacción de Núñez se produce luego que la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), removiera una investigación que desde hace tres años reposa en esa dependencia, a los fines de, en estos momentos, ordenar el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas, general Rafael Peña Antonio, un excoronel de la Fuerza Aérea de la República y dos civiles, involucrados en presuntos sobornos en la compra de los aviones Tucano.
“Ojalá que la acción del PEPCA no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”, declara el exdirector de Prensa de la Presidencia de la República
Refiere que “toda la opinión pública está consciente de cómo el Procurador General utilizó por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un ex funcionario, a los fines políticos del jefe del Ministerio Público”.
Reconoce que “cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández o cualquier otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera, y es ahí que debe probar su inocencia“.
