Manila, 10 ago.- El presidente filipino, Rodrigo Duterte, amenazó con declarar la ley marcial si la justicia obstruye su controvertida campaña contra el narcotráfico, en la que más de 800 presuntos traficantes han muerto desde su elección en mayo.
Duterte respondió a una carta que la presidenta del Tribunal Supremo, Maria Lurdes Sereno, le escribió después de que el mandatario incluyera a siete jueces en una lista de cargos públicos acusados de colaborar con el narcotráfico y les diera 24 horas para entregarse.
Sereno dijo que los jueces no tienen la obligación de entregarse sin que haya una orden judicial de arresto contra ellos, y recordó que la lucha contra la droga debe seguir los cauces de la legalidad.
«Si esto continúa y si siguen intentando detenerme, bien. ¿Prefieren que declare la ley marcial?», cuestionó Duterte anoche en un discurso ante militares en la isla de Mindanao, en el sur del país.
«Por favor, no creen una confrontación, una guerra constitucional, perderemos todos», añadió.
Tras las declaraciones un portavoz presidencial quiso matizarlas y señalar que Duterte conoce los límites de su poder ejecutivo.
«El presidente hizo una mera pregunta retórica y lo dijo en el contexto de que su campaña contra la droga no puede esperar a la lenta rueda de la justicia», afirmó el secretario de la Oficina de Comunicaciones Presidenciales, Martin Andanar.
«Tenemos como presidente un hombre de acción que cree que la justicia demorada es justicia denegada», añadió Andana en declaraciones recogidas por la televisión GMA.
El portavoz insistió en que Duterte «cree en el imperio de la ley» y en la separación de poderes, y negó que con la denuncia de los jueces haya creado una crisis constitucional.
«El presidente ha hecho uso de los poderes ejecutivos a su disposición sabiendo sus límites y sin socavar la separación de poderes constitucional ni infringir los derechos de los ciudadanos», aseguró Andanar.
Duterte anunció el fin de semana una lista con los nombres de 159 congresistas, alcaldes, vicealcaldes, jueces, policías y militares, en activo o retirados, a los que acusa de estar vinculados con el narcotráfico y les dio 24 horas para entregarse.
Esta campaña presidencial ha recibido numerosas críticas de organizaciones como la ONU, tanto por la elevada cifra de muertos como por lo que consideran violaciones de derechos y libertades fundamentales.
Duterte, de 71 años y quien juró el cargo el 30 de junio, respondió a las críticas con que «le da igual» los derechos humanos y la cantidad de muertos porque se trata de una medida necesaria.
Pese a la violenta campaña, Duterte mantiene su popularidad, que se sitúa en el 91 por ciento en las encuestas, la puntuación más alta recibida jamás por un jefe de Estado filipino.
