SANTO DOMINGO .- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exigió hoy al presidente Danilo Medina y al presidente del Consejo de la Hidroeléctrica de Los Toros, Olgo Fernández, el cumplimiento de la sentencia que ordena la suspensión de entrega del proyecto de apartamentos Los Toros I y II localizados en Azua.
Según el organismo, la sentencia es la No. 0478-2016, emitida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Azua en función de Tribunal de Amparo.
De acuerdo a Derechos Humanos, esta decisión se produjo tras haberse comprobado que funcionarios del Gobierno tenían asignadas dichas viviendas a sus familiares, amigos y allegados, según la lista oficial depositada en dicho tribunal por Olgo Fernández, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y presidente del Consejo de la Hidroeléctrica de Los Toros de Azua.
La CNDH-RD recordó que dichas viviendas habían sido concebidas para alojar a los damnificados de las tormentas “Isaac” y “Sandi”, que dejaron sin techo a varias familias por lo cual el Gobierno, junto a la Hidroeléctrica de Los Toros, se comprometieron a entregar 100 viviendas a dichas familias.
“Ante la noticia de que las autoridades entregarían las viviendas en el día de hoy a personas que no tienen derecho a las mismas, hacemos un llamado al presidente de la República, Danilo Medina, ya que de esa manera estaría faltando al juramento que hizo establecido en la Constitución en el artículo 127”, dijo la comisión en nota de prensa.
Ese artículo reza: “juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo”.
“Advertimos a las autoridades por lo tanto y principalmente al presidente Medina, que cumplan la ley y que se reúnan lo más pronto posible con los directivos de la CNDH-RD de la ciudad de Azua a fin de depurar y verificar dichos listados, por el respeto de nuestras leyes y de los pactos y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado dominicano en tema de derechos económicos, sociales y culturales”, concluyó el documento.
