El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció ayer que la Defensa Pública defiende a personas adineradas en perjuicio del ejercicio privado de la abogacía y quitándole la posibilidad a personas de escasos recursos de acceder a ese servicio.
Miguel Surun Hernández dijo que con esa acción la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que preside la doctora Laura Hernández, está cometiendo graves irregularidades en violación de la Ley 277-04 que la rige y la Constitución de la República.
Manifestó que el organismo ha llegado al extremo de ir a los destacamentos y cárceles a buscar clientes en franca violación de la Ley de Defensa y en perjuicio del derecho fundamental al trabajo de los 60 mil abogados afiliados al gremio.
Llamó a que cese el privilegio generado a favor de los defensores públicos y a los profesionales del derecho a exigir el cumplimiento de la Ley 821, requiriendo que sea bajado de estrado todo abogado con togas distintas a las establecidas por dicha ley.
Indicó que el sector judicial ha establecido un sistema de privilegios a favor de la Defensa Publica, otorgándoles acceso donde los abogados privados son rechazados, provocando que el 80% de los casos sean manejados por defensores públicos en perjuicio de de los abogados privados, priorizando a los clientes más adinerados.
El jurista mencionó entre otras irregularidades la imposición de una toga especial color verde, en violación al artículo 11 de la Ley 821 de Organización Judicial para que jueces y fiscales los favorezcan en sus sentencias.
«Recomendamos la elaboración de un reglamento que establezca en cuales casos se deben asignar la Defensa Pública, realizarse de forma aleatoria, tarifa, tramitación de pagos, fiscalización y supervisión de las labores de dichos abogados adjuntos», acotó.
