SANTO DOMINGO.- El abogado Namphi Rodríguez formuló un llamamiento al Senado y al Poder Ejecutivo para que excluyan del Código Penal los artículos referidos a la interrupción del embarazo, a fin de abrir un debate más amplio que dé lugar a una ley de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho y catedrático de Derecho Constitucional, dijo que una cuestión tan compleja como el aborto no puede ser tratada con una serie de prejuicios morales e ideológicos, puesto que se trata de un problema de salud.
Señaló que quienes afirman que la Constitución “prohíbe absolutamente el aborto terapéutico están equivocados”, ya que la interpretación de la cláusula del artículo 37 sobre el derecho a la vida se debe hacer en un juicio de ponderación de derechos fundamentales en el que se contrapesa con otros derechos como la salud o el libre desarrollo de la personalidad.
Dijo que hay que considerar la posibilidad de la interrupción del embarazo cuando las mujeres han sido víctimas de violación, incesto o en los casos en que lleven en sus vientres malformaciones inviables desde el punto de vista científico.
“Si se promulga el Código Penal tal como lo han aprobado los diputados, se va a generar de inmediato una acción de inconstitucionalidad, porque lo que han aprobado los legisladores está en un umbral muy sensible de violación de derechos humanos”, advirtió.
El jurista sostuvo que es partidario del derecho a la vida como lo consigna el artículo 37 de la Constitución, pero dijo que hay que ser razonables cuando así lo indica la ciencia y el derecho a la integridad física de las mujeres.
“Al no contemplar los supuestos de eximentes por causa científica justificada, el Código Penal entra en la ciénaga de la inconstitucionalidad, puesto que empuja miles de mujeres pobres al precipicio de la muerte o de la indignidad al obligarla a retener el embarazo en circunstancias deplorables”, adujo.
Subrayó que no se está pidiendo que se apruebe el derecho a interrumpir libremente el embarazo como pasa en países como Estados Unidos y España, sino que en los casos comprobados por facultativos médicos o cuando la vida de la mujer corra riesgo.
Citó el caso de Beatríz, la joven salvadoreña que casi pierde la vida con una embarazo inviable y que fue obligada por el tribunal supremo de ese país a dar a luz, pese a que momentos después del parto la criatura murió como había diagnosticado los médicos.
