El Senado brasileño dio hoy luz verde al juicio político contra Dilma Rousseff, que será suspendida de la Presidencia del país durante 180 días y sustituida de forma interina por el vicepresidente, Michel Temer, mientras la Cámara define si destituye a la primera mujer que ha llegado al poder en Brasil.
Tras una sesión maratoniana, que se prolongó durante 20 horas y media, la votación fue contundente: 55 se pronunciaron a favor de apartar a Rousseff, 22 en contra y 4 se ausentaron.
Una abultada derrota para Rousseff: bastaba una mayoría simple, 41 senadores sobre los 81 que componen la Cámara Alta para apartarla temporalmente de la Presidencia por un «crimen de responsabilidad», el maquillaje de las cuentas públicas, una práctica habitual en los gobiernos brasileños de todos los signos políticos y que, a ojos de la Justicia, no constituye un delito.
La oposición logró superar su objetivo de llegar a 54 votos, equivalentes a la mayoría calificada de dos tercios que, una vez que concluya el juicio, será necesaria para que Rousseff sea finalmente destituida.
El Gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT) agotaron todas las posibilidades para tratar de frenar el proceso hasta el último minuto recurriendo incluso al Tribunal Supremo, que a primeras horas del miércoles avaló el desarrollo del procedimiento y rechazó un recurso de la Abogacía General del Estado.
No hubo sorpresas durante una jornada en la que sus señorías se ajustaron a sus respectivos guiones y, en la mayoría de los casos, utilizaron sus intervenciones más para justificarse ante su electorado con la vista puesta en las próximas elecciones municipales que para debatir en profundidad las causas que han llevado a la separación de Rousseff del poder.
Sólo los miembros del PT y algunos de sus escasos aliados defendieron a la mandataria e insistieron en calificar de «golpe» la maniobra que ha llevado al hasta hoy vicepresidente Temer a la Presidencia.
El abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, insistió en que el «impeachment» carece de sustento legal y advirtió de que con su aprobación «Brasil se transformará en la mayor república bananera del planeta».
