El Tribunal Supremo de EEUU examinará hoy si el presidente, Barack Obama, adoptó de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedió en su poder, como sostiene la oposición republicana.
La cita judicial llega en un momento de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con aspirantes como el magnate Donald Trump, que pretende conseguir la candidatura presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país.
«Las familias no tienen fronteras» y «paren las deportaciones» son algunas de las consignas que figuran en las pancartas que desde primera hora del día se agolpan frente a las puertas del Supremo, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa espera reunir a más de 3.500 personas.
Dentro del Tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizarán hoy los decretos ejecutivos que Obama dictó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueados a comienzos de 2015, un día antes de entrar en vigor, a petición de 26 estados, encabezados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al dictar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EEUU.
La otra parte del plan es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretende evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
