La Fiscalía de Colombia acusará a un excomandante del Ejército, condecorado por su lucha contra la insurgencia, y a un general en actividad por su presunta responsabilidad en ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros cometidas hace una década.
El ente acusador pedirá la imputación por cargos de homicidio en persona protegida del general retirado Mario Montoya, jefe del Ejército entre 2006 y 2008, y el general Henry Torres, recluido desde el lunes en una base militar en Bogotá “sin beneficio de excarcelación”, señalaron a la AFP fuentes de la Fiscalía.
Torres es el primer general en activo detenido en Colombia en el marco de investigaciones por “falsos positivos”, como se conocen los casos de miles de civiles asesinados por militares y presentados como bajas en la lucha contra la guerrilla, delitos por los cuales se investiga a 22 generales.
“El Ejército Nacional continuará apoyando y brindando la información solicitada por las autoridades para el desarrollo de las investigaciones, cuando sea de su competencia”, señaló el Comando de la Fuerza de Tierra en un comunicado en el que se solidarizó con Torres y su familia.
Ambos militares arriesgan hasta 40 años de prisión por estos casos.
Montoya, que encabezó las famosas operaciones Jaque -donde recobró la libertad la rehén de las FARC Ingrid Betancourt y otros 14 cautivos- y Fénix -donde murió Raúl Reyes, segundo al mando de esa guerrilla comunista-, fue citado ante el juez el 31 de mayo.
Comandante de la Fuerza de Tierra durante la fuerte ofensiva contra grupos rebeldes impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y mientras el actual presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, Montoya será acusado de siete hechos ocurridos en siete divisiones del Ejército, entre ellas la muerte de un civil de Soacha presentado como guerrillero.
Presión por resultados
Montoya renunció a su cargo tras desatarse en septiembre de 2008 el llamado escándalo de los “falsos positivos”, luego de que una docena de jóvenes fueron desaparecidos por militares en la localidad de Soacha, contigua a Bogotá, y posteriormente exhibidos como rebeldes abatidos en enfrentamientos.
La Fiscalía considera que Montoya no sólo ejerció presión sobre sus subalternos para mostrar resultados operacionales en la lucha contra los grupos rebeldes, incrementando las bajas de presuntos guerrilleros con civiles asesinados, sino que no hizo nada para evitar estas muertes, indicaron las fuentes.
