El Tribunal Supremo español aceptó el riesgo al que se expone una mujer de ser explotada sexualmente como argumento para concederle asilo y evitar que sea deportada a su país, en contra del criterio inicial del Ministerio del Interior.
Es el caso de una mujer congoleña llamada Niclette que tiene a su cargo a una hija menor de edad y que fue víctima de una red dedicada a la prostitución.
El Supremo cree que si es devuelta a su país de origen puede verse sin «una protección eficaz» que evite volver a caer en las redes que la esclavizaron en España.
Según la sentencia, cuando Niclette trabajaba como modelo en la República del Congo se le acercó una señora durante un desfile para ofrecerle la posibilidad de triunfar en las pasarelas de Europa.
«Esto ocurrió a finales de marzo de 2006. Cuando yo le dije que estaba de acuerdo de viajar con ella a Europa me pidió que no dijera nada a nadie, que debía permanecer en secreto», según su relato.
Así se convirtió en víctima de las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual, de las que consiguió escapar y luego ser acogida en un centro para mujeres víctimas de esas mafias.
Sin embargo, la Subsecretaría del Ministerio del Interior le negó el asilo en enero de 2013, una decisión que luego confirmó la Audiencia Nacional.
