La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió ayer la intervención del Estado dominicano con relación a los empresarios del transporte, a fin de que sea investigada la procedencia de sus bienes.
El vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que la Dirección General de Impuestos Internos y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos deberían intervenir para saber cuál ha sido el origen de la acumulación de esos bienes, ya que esas asociaciones choferiles, y no sindicales, se han convertido en un emporio.
“Hay que investigar cómo usted acumuló, y sobre la base del fruto de como usted construyó eso”, expresó luego de participar en una mesa redonda sobre seguridad y justicia, donde participaron integrantes de la defensoría pública.
Destacó que el Estado es el principal responsable de cuanto está ocurriendo a nivel interno en las organizaciones relacionadas con el tránsito, y se mostró de acuerdo con el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien al momento de dictar medida de coerción en contra de Blas Peralta, expresó que el Estado era culpable porque le daba mucho poder a los dirigentes choferiles y ellos se creían por encima de la ley.
Castaños Guzmán dijo que Estado tiene la autoridad y el deber de someter al orden a los sectores del transporte, pero que, por el contrario, ha venido con unos niveles de complicidad que han traído como consecuencia sucesos como el ocurrido con el asesinato del exrector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, y de varios choferes del transporte, en cuyos hechos se vinculan al presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo y al regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solis.
