La presidenta brasileña Dilma Rousseff y su mentor y predecesor Luiz Inacio Lula da Silva buscaban replicar el lunes al descontento popular y a la ofensiva judicial que amenazan con cortar en seco 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
El clamor de más de tres millones de brasileños que el domingo pidieron la salida de Roussseff agravan la crisis en medio de la recesión económica y de las escandalosas revelaciones sobre el megafraude en Petrobras, que manchan a la élite política y económica del país.
Rousseff vive desde diciembre bajo la amenaza de un juicio político impulsado por la oposición en el Congreso por presunto maquillaje de las cuentas públicas en 2014.
Lula (2003-2010) enfrenta una amenaza de prisión preventiva por las denuncias de corrupción y lavado de dinero vinculados al caso Petrobras.
¿El gobierno o la cárcel?
En una extraña jugada, miembros del gobierno dejaron abierta la posibilidad de que Lula entrase al gabinete. Una opción que libraría de comparecer ante la justicia ordinaria, pero que corre el riesgo ser considerada como una huida por sus propios seguidores y de acentuar las resistencias a una eventual tentativa de ser reelecto en 2018.
Un tribunal de Sao Paulo transfirió el lunes al juez federal Sergio Moro, que lleva la causa de Petrobras, una denuncia y pedido de prisión preventiva en su contra. Moro aún debe decidir si acepta tomar el caso en un proceso que tomará tiempo.
La defensa del exmandatario ya dijo que apelaría y, según medios brasileños, el proceso empujaría a Lula a aceptar el cargo.
La presidenta expresó la semana pasada que sería “un gran orgullo” tener en su gabinete al exobrero metalúrgico, líder sindical, presidente del milagro socioeconómico brasileño de la década pasada
“Si Lula viene, seguramente será para cuidar de aquello que él mejor sabe hacer, que es la política”, dijo el jefe del gabinete Jaques Wagner, que habría puesto su cargo a la orden.
El caso en Sao Paulo, que Lula calificó de “canallada homérica”, estaba centrado en un apartamento del que el expresidente niega ser propietario y que lo relacionaría con una constructora implicada en el escándalo de Petrobras.
Pero el apartamento, un tríplex, también está en la mira de Moro, que ordenó el allanamiento de la casa de Lula en el cinturón industrial de Sao Paulo hace diez días para llevarle a declarar forzosamente.
En esa comparecencia, Lula se mostró desafiante, según el expediente judicial divulgado por los medios este lunes.
