SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS) considera que los debates electorales comportan una práctica eminentemente democrática, en tanto se celebren de forma plural y en condiciones de igualdad.
De acuerdo con la Fundación «son eventos que se fundamentan en los principios del pluralismo político (entre las fuerzas contendoras)[1], la tolerancia, igualdad, imparcialidad y neutralidad políticas (que deben guiar a quienes dirigen los debates), la libertad de expresión y el derecho a la representación (que refuerzan los vínculos entre los candidatos y el electorado)».
FINJUS expresó que la doctrina comparada señala que, desde un punto de vista normativo, los debates entre candidatos son herramientas que mejoran “la calidad de la democracia a través de diferentes canales: por un lado contribuyen a la formación de un electorado más informado y racional y, por el otro, le brindan a los políticos la oportunidad de conseguir el consensode la ciudadanía”. Se han señalado, además, que este tipo de prácticas contribuyen a la “legitimación de las instituciones democráticas y a la sociabilidad política entre los electores”.
Dijo que los debates públicos en el torneo electoral son un fenómeno relativamente reciente en el continente Americano. El primer debate que se transmitió por televisión fue en Estados Unidos, entre el republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy, en 1960.
En la actualidad, la República Dominicana constituye uno de los pocos países de la región donde no se ha podido efectuar el primer debate presidencial, no obstante los esfuerzos realizados por un sector del empresariado y los medios de comunicación desde la década de los 90. En la actualidad, ante la falta de compromiso político para la realización de los debates electorales por iniciativa privada, la Junta Central Electoral (JCE) ha propuesto que se instituyan mediante una ley que obligue al debate entre los principales candidatos presidenciales.
Ante la propuesta del órgano electoral, FINJUS considera prudente visualizar la experiencia comparada para fijar una opinión fundada acerca de la certeza de establecer regulaciones jurídicas sobre los debates electorales, puesto que existe un abanico de opciones posibles que pueden ser tomadas en consideración.
